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Nacionales

Investigaciones retrasan la adjudicación de diputaciones


El órgano TSE analiza a los diputados electos que son contratistas y que tienen antejuicios en su contra.

 

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron ayer por la mañana que la demora en la realización de los acuerdos de adjudicación de los cargos de diputados distritales y de Listado Nacional se debe a las investigaciones que el ente electoral comenzó a realizar sobre los congresistas electos.

A pesar de que ya transcurrieron 39 días desde la realización de los comicios, Julio Solórzano, magistrado vocal 1 del TSE, aseguró que “el Tribunal necesita una certeza para emitir estos acuerdos”.

“El TSE está viendo varios aspectos y por eso la próxima semana dará las adjudicaciones”, afirmó y reiteró en varias ocasiones que la institución se encuentra en tiempo para publicar los acuerdos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos señala en su Artículo 245 que el TSE “está obligado a divulgar por todos los medios de comunicación, los resultados electorales, parciales y definitivos, dentro del plazo de ocho días siguientes a la terminación del proceso electoral”.

“Se toman las medidas administrativas que corresponden y las consultas que corresponden. El Tribunal dispone de todas sus unidades y depende de qué queremos que se recopile, se lo pedimos a una u otra dependencia”, añadió.

Denuncias

Las organizaciones Jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible y Ahora Guatemala presentaron esta semana un informe en el que destacaron a 11 diputados electos que figuran como contratistas del Estado, habilitados en el portal Guatecompras.gt. Los miembros del TSE aseguraron que recibieron la información, aunque el magistrado Mario Aguilar especificó que la institución siempre tuvo presentes estos casos.

 Asimismo, el TSE también realiza averiguaciones en el caso de los candidatos con antejuicios promovidos en su contra. Según el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, al menos 17 congresistas y alcaldes electos tienen señalamientos en su contra, 11 de ellos con solicitudes de antejuicio. Según varias agrupaciones de la sociedad civil, estas personas no podrían tomar posesión de sus cargos por existir una violación del Artículo 113 de la Constitución, que señala que para el otorgamiento de cargos públicos “no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Guerra indicó días atrás que la decisión de revocar o no una adjudicación de cargos dependerá de si los órganos de justicia dictan o no orden de captura o ligan a proceso a estas personas.

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