Once diputados electos –y/o reelectos- en las votaciones del 6 de septiembre han sido cuestionados hoy como contratistas del Estado -y por lo tanto violadores de la Constitución-, por organizaciones de la sociedad civil que con la consigna de “ahora nos toca limpiar el Congreso…”, exigen al TSE no darles posesión en enero próximo. En conjunto, durante la última década cobraron más de Q357 millones.

Son cinco de Libertad Democrática Renovada (Lider); uno del Frente de Convergencia Nacional (FNC-Nación); dos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); dos de Unión del Centro Nacional (UCN) y uno del Partido Patriota (PP), quienes todavía continúan vigentes en el portal de Guatecompras e, incluso, varios desarrollan obra pública por contrato, se señaló.

Han sido Jeaneth Ponce, Aníbal Samayoa, Pedro Cruz y Juan Roldán quienes en nombre de los movimientos Jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible y Primero Guatemala, expresaron en el edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), siituado en la zona 2 capitalina, los resultados de la investigación llevada adelante en relación al tema.

Los dirigentes juveniles –que como evidencia mostraron a la prensa información localizada en Guatecompras– manifestaron que los Guatemaltecos “somos un ejemplo a nivel internacional por haber limpiado el Ejecutivo… ahora nos toca el Congreso…”, por lo que urgieron a los magistrados electorales que sienten un precedente.

Por lo tanto, esperan que al tenor de la norma constitucional específica y el Artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones, el Tribunal Supremo no adjudique las curules a los siguientes 11 electos y/o reelectos al Congreso de la República –como miembros de cinco partidos politicos-:

Por Líder:                    Julio Antonio Juárez Ramírez

                                    –130 contratos x Q111 millones 968 mil 147

                                     Edgar Tomás Córdova Molina

                                    –77 contratos x Q37 millones 776 mil 480

                                    Jaime Benedicto Cáceres Ara

                                      –61 contratos x Q16 millones 306 mil 752

                                    Baudilio Elinohet Hichos López

                                      -1 contrato x más de Q2 millones

                                    Jaime Antonio Martínez Lohayza

                                    -3 contratos x Q457 mil 798

Por UNE:                      Héctor Melvyn Cana Rivera

                                  – 66 contratos x Q2 millones 48 mil 217

                                    Augusto César Sandino Reyes Rosales

                                  –1 contrato x Q1 millón 180 mil 935

Por UCN:                      Milton Francisco Guerra Calderón

                                   –164 contratos x Q152 millones 127 mil 465

                                    Juan Fernando López Fuentes

                                  -1 contrato x Q32 millones 151 mil 73

Por FCN-Nación:          Alsider Antonio Arias Rodríguez

                                  –1 contrato x Q15 mil 600

Por PP:                         Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

                                  –6 contratos x Q3 millones 326 mil 577

Fundamentación y demandas

El planteamiento se basa, puntualizaron los entrevistados, en el Artículo 164 inciso b) de la Carga Magna, que expresa lo siguiente:

No pueden ser diputados los contratistas de obras o empresas

públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio,

sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas,

tengan pendiente reclamaciones de interés propio.

Por lo consiguiente, Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala y Guatemala Visible formularon las siguientes exigencias:

1. a) La renuncia inmediata de los diputados con señalamientos y antejuicios de la CICIG, en acatamiento del Artículo 113 de la Constitución referente a la honestidad, honorabilidad e idoneidad de los empleados del Estado.

1. b) A los partidos políticos la autodepuración de sus filas, porque el pueblo espera que sea eliminada la “cleptocracia” que por tantos años ha soportado.

1. c) Que el Registro de Ciudadanos impida tomar posesión a quienes violan limitaciones legales para optar a cargos públicos, en especial por ser contratistas del Estado.

1. d) A las Cortes (de Constitucionalidad, Suprema de Justicia y de Apelaciones) resolver con la mayor agilidad posible todas las denuncias sobre corrupción.

1. e) Que los medios de comunicación, garantes de la representatividad popular y el marco legal, “pongan un gran reflector al proceso de depuración del Congreso”.

1. f) A la ciudadanía, denunciar ante los órganos respectivos cualquier información que demuestre el impedimento legal de cualquier candidato electo para asumir funciones.