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Nacionales

Juez citará a pequeños y medianos comerciantes por caso La Línea


Iván Velásquez, jefe de la CICIG, indicó que no solicitan capturas porque el juez otorgó medidas a los primeros nueve presuntos usuarios de la red.

 

 

 

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Las nuevas imputaciones contra presuntos usuarios de la red de defraudación aduanera denominada La Línea van dirigidas contra 50 “pequeños y medianos comerciantes”, así como agentes aduaneros, anunció el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Se trata de empresarios “más o menos en la misma línea” de los primeros nueve detenidos como presuntos usuarios de la banda de defraudación, detalló el Comisionado. Los señalados serán citados al Juzgado B de Mayor Riesgo para responder a cargos por cohecho pasivo o falsedad material, entre otros, y que rindan su primera declaración, según el titular de la CICIG. El Ministerio Público (MP) solicitará que se vincule a este nuevo grupo de presuntos beneficiarios a la causa penal abierta contra otros nueve importadores detenidos en julio pasado.

Un primer grupo de 20 de los 50 será llamado a los estrados en los próximos días. El juzgado aún no ha fijado la fecha, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El MP solicitó las citaciones y no órdenes de captura luego de un análisis sobre el criterio que el juzgador aplicó a los nueve importadores ligados a proceso que recuperaron su libertad.

“El tema de una medida sustitutiva o de una privación de libertad sería un asunto para discutirlo en las audiencias correspondientes, que generar todo el desgaste que implica un operativo para lograr la captura de 50 personas cuando se tiene ya una idea de cuál es el sentido en el que el juez valora a este sector de la actividad delictiva”, puntualizó el Comisionado.

Los primeros nueve supuestos usuarios de La Línea –la mayoría extranjeros dueños de distribuidoras de diversidad de artículos ubicados en la zona 1 capitalina–, fueron ligados a proceso por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El titular del juzgado contralor del caso, Miguel Gálvez, les otorgó medidas sustitutivas para recobrar su libertad: fianzas de entre Q10 mil y Q45 mil, arraigo y la obligación de firmar el libro de asistencia.

Como seguimiento a la investigación, se examinaron unas 1,500 declaraciones aduaneras para determinar el reajuste arancelario, los sobornos, las partes que intervinieron, quiénes verdaderamente los habían pagado y quiénes eran los importadores interesados, explicó Velásquez, un ejercicio que les permitirá llevar ante la justicia al segundo grupo de supuestos usuarios de La Línea.

El tamaño no importa

El jefe de la CICIG  repitió que, pese a la idea instalada en la mente de tantas personas que detrás de La Línea hay grandes empresarios guatemaltecos, esa modalidad es utilizada por pequeños o medianos comerciantes.

El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) dice que no importa si las empresas son grandes o pequeñas, sino que defraudaron al fisco al pagar un soborno.

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