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Nacionales

Monzón Rojas es ligado a proceso y enviado a prisión en Pavoncito


Sindicado de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita, el ex secretario privado de Roxana Baldetti esperará en el penal de Fraijanes, la conclusión de periodo investigativo del MP y la CICIG en relación a la red del crimen organizado La Línea.

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A guardar prisión preventiva en Pavoncito, de Fraijanes, ha sido remitido esta mañana Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia, contra quien el Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, también ligó a proceso penal por el caso penal denominada La Línea.

La resolución incluye ordenar –nuevamente– a la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) que garantice la vida del reo, por lo cual tendrá que aislarlo de inmediato –luego que el abogado Francisco García Gudiel denunció en la diligencia que anoche se puso en peligro ahí la integridad de su defendido–.

Incluso, se puso de manifiesto la posibilidad de que Monzón sea integrado al aislamiento junto con Salvador Estuardo González, alias “Eco”, otro de los sindicados y quien la semana pasada igualmente declaró contra la cúpula de la banda, supuestamente encabezada por la expareja presidencial Pérez/Baldetti.

Monzón es el último de los capturados –aunque él se entregó al Ministerio Público (MP) la madrugada de ayer para ser llevado ante la autoridad judicial contralora del expediente– por su implicación en esa red de defraudación fiscal a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En la audiencia de este martes  –a la cual Monzón Rojas fue llevado desde Pavoncito por  guardias penitenciarios que lo equiparon con un chaleco y su casco blindados–, el juzgador argumentó durante más de una hora a las partes procesales los razonamientos que lo motivaron a dictar el fallo en ese sentido.

En su exposición, Gálvez Aguilar hizo referencia –por ejemplo– a los contenidos de varias “escuchas” telefónicas entre algunos de los acusados e, incluso, resaltó su criterio de que en esta diligencia  “no se está negando” lo afirmado o revelado la semana pasada por otro de los señalados, Salvador Estuardo González, alias “Eco”.

González –acusado por la CICIG y el Ministerio Público como uno de los principales integrantes de esta banda del crimen organizado– declaró en el juzgado que La Línea era dirigida por los entonces presidente y vicepresidenta del país, Otto Fernando Pérez Molina y Ingrid Roxana Baldetti Elías, respectivamente.

“Eco” también implicó en su declaración a la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, y al  propio Monzón Rojas, así como a Javier Ortiz o “teniente Jerez” y Osama Ezzat Aziz Aranki, entre los participantes del grupo que obtuvo millones de quetzales mediante cobros fraudulentos a importadores en las aduanas.

 

Monzón reacciona

Tras escuchar el veredicto, Juan Carlos Monzón dio una improvisada rueda de prensa en la que ratificó que tanto Pérez como Baldetti están involucrados y eran los cabecillas de la estructura, indicó la agencia AFP, en los siguientes terminos:

«Es un proceso complicado donde los exgobernantes están implicados y su servidor también (…), nunca hacía nada inconsulto», aseguró.

Además, en tono molesto afirmó que no va a declarar en contra de nadie, «yo voy a declarar presentando las pruebas correspondientes» de cómo funcionó el fraude.

Monzón afirmó que esos cobros ilegales en las aduanas «existen desde hace más de 20 años» y que la cifra defraudada no llega a dos millones de dólares.

El exsecretario privado de Baldetti comentó que aún no ha considerado convertirse en un testigo eficaz (testigo de la corona) a cambio de algún beneficio dentro del proceso.

Monzón aseguró que hace dos meses intentó entregarse y que visitó la Cicig con el objetivo de coordinar la entrega.

Sin embargo dijo que cuando regresaba en compañía de su esposa y de su hermana fue interceptado por desconocidos armados a bordo de un vehículo, quienes le amenazaron de muerte a él y a sus familiares si se entregaba.

El procesado explicó que se enteró de la orden de captura el 16 de abril pasado cuando acompañaba a la exvicepresidenta en Corea del Sur, de donde viajó a España, Colombia, El Salvador y por último Honduras. De ese país ingresó por tierra a Guatemala a través de un paso fronterizo ilegal.

Faltan los jefes de la estructura

Para la directora de la entidad Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, el desmantelamiento de esa red ilegal es un paso fundamental en el país, pero falta descubrir a los verdaderos dirigentes, toda vez que han operado sin importar «quién esté gobernando».

«Ahora hay que ir más allá de las aduanas y contraband, porque esa estructura tiene décadas de estar funcionando», consideró.

«Al expresidente y a la exvicepresidenta los escogieron en este gobierno, pero lo mismo han hecho en el pasado, entonces ahora hay que determinar qué personas mandan, quiénes son los jefes de esa estructura que se mantiene viva independientemente de quien gobierna», agregó, al advertir que será un proceso lento y complejo.

Sin embargo, Ibarra considera que el origen de esa corrupción se remonta a la época de la guerra civil (1960-1996) y que fue implementada por los militares.

Moisés Galindo, abogado del expresidente Pérez, rechazó ante periodistas las declaraciones de Monzón y aseguró que es «un libreto preparado» para perjudicar a su cliente.

«Tienen que decir lo que la Cicig y la Fiscalía quieren, porque el gran problema aquí es que estas entidades quieren justificar la destitución de un presidente», puntualizó.

Los hechos develados por la Fiscalía y la Cicig provocaron la renuncia de Pérez el 2 de setiembre y de Baldetti, el 8 de mayo, por ser considerados los cabecilla de la banda criminal.

Pérez y Baldetti se encuentran en prisión preventiva bajo investigación de la Fiscalía, aunque la ex vicepresidenta por padecimientos médicos fue recluida desde el 11 de septiembre en el hospital del Ejército.

Entre los sindicados figuran

  1. Otto Fernando Pérez Molina (expresidente)
  1. Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta)
  1. Álvaro Omar Franco Chacón (exSuperintendente titular)
  1. Carlos Enrique Muñoz Roldán (exSuperintendente titular)
  1. Obdulio Horacio Barrios Vásquez (excoordinador de aduanas)
  1. Sebastián Herrera Carrera (exjefe de Recursos Humanos SAT)
  1. Mónica Patricia Jáuregui Zamora (integrante de estructura externa media)
  1. Salvador Estuardo González Álvarez (exjefe de estructura externa)
  1. Osama Ezzat Aziz Aranki (estructura externa media)
  1. Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media)
  1. Francisco Javier Ortiz Arriaga (exjefe estructura externa media)
  1. Julio Stuardo González de León (estructura externa media)
  1. Herbeth Francisco Cabrera Castellanos (estructura externa media)
  1. Miguel Ángel Lemus Aldana (estructura externa media)
  1. Anthony Segura Franco (exsecretario sindicato de la SAT)
  1. Geovanni Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras)
  1. Carla Mireya Herrera España (exadministradora Aduana Central)
  1. Gustavo Adolfo Morales Pinzón (exjefe de División Región Sur
  1. José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero)
  1. Melvin Gudiel Alvarado de León (exadministrador Puerto Quetzal)
  1. Julio César Aldana Sosa (estructura externa media)
  1. Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero)
  1. Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero)
  1. Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero)
  1. Adrián Israel Yela (persona particular)
  1. Gilda Marín Maldonado García (extécnica aduanera)
  1. Julio Rogelio Robles Palma (exadministrador de Puerto Quetzal)
  1. José Arturo Morales Rodríguez      (abogado Bufete de la Impunidad)
  1. Ruth Emilsa Trigueros Alay            (abogada Bufete de la Impunidad
  1. Jorge Luis Escobar Gómez            (abogado Bufete de la Impunidad)
  1. Roberto Stalling Sierra                  (abogado Bufete de la Impunidad)
  1. Marta Josefina Sierra de Stalling        (Jueza Octava Penal)
  1. Juan Carlos Monzón Rojas                   (exsecretario privado de Vicepresidencia).

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