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Nacionales

Con fianza de Q100 mil, Roberto Stalling queda ligado a proceso por tráfico de influencias


Hijo de jueza Marta Sierra es señalado por el Ministerio Público y la CICIG de ser parte del “Bufete de la Impunidad”, que logró medidas sustitutivas para seis de los principales acusados en “La Línea”.

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Ligado a proceso por tráfico de influencias, aunque con caución de Q100 mil para obtener libertad provisional, aparte de arresto domiciliario, migratorio y la obligación de firmar cada 15 días el libro de control ha quedado hoy el abogado Roberto Stalling Sierra, uno de los sindicados en el expediente penal “Bufete de la Impunidad”, relacionado con el caso “La Línea” de fraude fiscal.

El sindicado –hijo de la jueza Octava de Primera Instancia, Marta Josefina Sierra González de Stalling, también ligada por haber otorgado en abril medidas sustitutivas a seis de los principales acusados de integrar dicha red en perjuicio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), conoció esta mañana la resolución del juez Onceavo, José Eduardo Cojulún.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG lo sindican del delito de cohecho activo al igual que a sus colegas José Arturo “Chepito” Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay y Jorge Luis Escobar Gómez por haber obtenido mediante un soborno, según la acusación presentada, resoluciones favorables a seis de los involucrados por los investigadores en la organización criminal.

Esa oficina profesional propiedad de Morales Rodríguez consiguió que la jueza Sierra emitiera medidas cautelares –que incluyeron fianzas de Q250 mil a Q200 mil– en favor de los capturados, el 16 de abril, entre quienes destacaban Francisco Javier “teniente Jerez” Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, “Eco”.

En mayo pasado, el MP presentó ante el juzgado una serie de “escuchas” telefónicas –de más de tres mil audios grabados de conversaciones intervenidas-, en las que –dijo la fiscalía- se evidencia la negociación entre el “teniente Jerez” y el aún fugitivo Luis Alberto Mendizábal Barrutia sobre cómo pagar las fianzas, incluso antes de que hubiera decisión de la jueza Sierra.

Hoy, Roberto Stalling Sierra –quien al saber que había orden de captura en contra suya se presentó al Juzgado Undécimo hace 90 días, para ponerse a disposición de la autoridad contralora del caso- reiteró su rechazo a las acusaciones. Dijo que no ha cometido delito alguno y que, es más, en ninguna supuesta evidencia o prueba se le incrimina.

El viernes 8 de mayo pasado, la CICIG y el Ministerio Público revelaron en conferencia de prensa la existencia de “bufetes de la impunidad” que operan en el sistema de justicia, por lo que anunciaron la solicitud de antejuicio contra la jueza Octava Penal, Marta Sierra de Stalling, sindicada de prevaricato y cohecho pasivo, según indicó entonces el comisionado Iván Velásquez.

Ese día las novedades giraron alrededor de la recaptura de cuatro personas sindicadas de dirigir al grupo criminal La Línea –pero que habían sido beneficiadas por la juzgadora con libertad bajo fianza- y más órdenes de aprehensión internacional, incluida la de Luis Mendizábal, dueño de la boutique Emilio, de la zona 10.

La trama al interior de la banda fue revelada esa tarde por la fiscal general Thelma Aldana, el –ahora ex– ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, e Iván Velásquez, jefe de la CICIG. Por aquellas fechas se suponía que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado vicepresidencial y ahora preso, estaría escondido en EE. UU.

 

Bufetes corruptos

Las investigaciones efectuadas entre noviembre de 2013 y enero 2014 confirmaron que “hay oficinas de abogados que venden servicios de corrupción”, indicó Velásquez, incluso participando en procesos de selección de servidores de justicia. Se trata de “bufetes de la impunidad”, los calificó.

Refirió que en análisis de conversaciones telefónicas encontraron que el 16 de abril, mismo día de los intensos operativos y la mayoría de capturas, Luis Mendizábal hablaba con el “teniente Jerez”, sobre la necesidad de acelerar la manera de conseguir medidas sustitutivas o “fianzas” urgentes, y que la hija del último debía conseguir dinero para los abogados.

Fue así como contactaron la oficina de José Arturo “Chepito” Morales Rodríguez en la que Ruth Amilza Trigueros Alay ya trabajaba en lo de las medidas sustitutivas, mientras una hija de “Jerez” hacía cuantiosos retiros –US$50 mil y US$4 mil de la cuenta de su padre- para “el pago de caución o fianza”, según escribió en la declaración ante el banco.

Una ahijada de Morales también retiró, el viernes 17 abril, Q1 millón 300 mil y escribió en la papeleta respectiva que el dinero era para “el pago de una fianza”.  Luego, el miércoles 20 del mismo mes  Morales Ramírez se presenta al juzgado como defensor de “Jerez”, de Salvador Estuardo González Álvarez “Eco” y Miguel Ángel Lemus Aldana.

Al día siguiente, 21 de abril, la jueza Sierra de Stalling decretó las medidas sustitutivas. En la actualidad ella enfrenta prisión preventiva en el centro de detención preventiva habilitado en el antiguo cuartel general de Matamoros, zona 1 capitalina, junto a la jueza Cuarta, Jisela Reinoso, ligada a proceso por otro caso penal enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

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