Contra muchos pronósticos, luego de reproducidas en la sala las “escuchas” telefónicas grabadas por el Ministerio Público y la CICIG, y que en apariencia lo comprometen, el magistrado Érick Gustavo Santiago de León –presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones del ramo Civil de Quiché- se ha declarado hoy no culpable de cohecho pasivo.

“Soy inocente de todo lo que se me imputa…”, afirmó en la audiencia de primera declaración practicada por su colega Décimo Penal, Walter Óliver Villatoro Díaz, en el caso que también involucra a dos supuestos cómplices y a una empresa de productos alimenticios como querellante, a la cual los sindicados habían pedido Q10 millones por “abaratar” una multa de casi Q93 millones impuesta por competencia desleal.

A instancias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, el funcionario de la Corte de Apelaciones -hasta el 2014 ejerció el cargo en la capital- fue detenido la mañana del martes en Santa Cruz del Quiché. Ha pasado ya dos noches en la carceleta de la Torre de Tribunales, y hoy será la tercera porque la diligencia fue suspendida y continuará mañana a las 9:00 horas.

Los otros dos ligados a este proceso por tráfico de influencias son Eliot Imeri Díaz y Samuel Enrique Alvarado López, quienes este jueves salieron a relucir en las reproducciones magnetofónicas del control telefónico de los investigadores. Sin embargo, el magistrado insistió en su defensa que tales escuchas no lo implican ni demuestran que él tenga vínculo alguno con los hechos.

De lo escuchado

El jueves 9 de octubre pasado, Imeri y Alvarado –a quienes en ese momento se identificó como empleados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil, que integraba el magistrado Santiago- fueron capturados por la Policía luego que el 26 de septiembre el representante legal de la empresa afectada había denunciado al MP el intento de exacción ilegal.

Durante una serie de allanamientos con la Policía, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) “secuestró” el celular del primero de los sospechosos. Practicado el expertaje, iniciaron el recorrido hasta llegar a la teoría de la “negociación de abaratamiento” de la millonaria sanción económica impuesta a la compañía de alimentos.

Los investigadores verificaron que en el directorio del teléfono estaban grabados los números del funcionario de la Corte y el de Samuel Alvarado. Mantenían frecuente comunicación. En una de las “escuchas” conocidas hoy, Eliot Imeri habla del licenciado Santiago como “mi cuate”, a lo que “Sammy” habla de “Érick”, por lo que el primero le advierte “No digas nombres”.

En otra llamada, Eliot platica con “Elvia”, quien le explica la manera en que puede desarrollar la negociación. En una más, Eliot refiere a Samuel el negocio que está llevando a cabo. Y el propio magistrado se comunica con Eliot –trabajador de la fábrica implicada- y hablan sobre que un abogado “tico” intervendría en el asunto legal.

Con todo, hoy el magistrado se declaró inocente.