Después de 38 años de ejercicio en la aplicación de la justicia y a punto de jubilarse, Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia Penal, deberá guardar prisión preventiva por el delito de prevaricato, mientras que por cohecho pasivo le fue ordenado pagar una caución económica de Q200 mil. No obstante, el juez Undécimo José Eduardo Cojulún decidió ligarla a proceso por ambos delitos. El juzgador argumentó en su resolución que existen indicios suficientes para sospechar que su colega pudo haber recibido dinero a cambio de beneficiar con libertad condicional a tres personas sindicadas de pertenecer a la red de defraudación aduanera, según lo planteó el delegado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP). Sierra de Stalling decidió en su segundo día de audiencia incluir en su defensa al abogado Francisco García Gudiel, quien también defiende a Carlos Muñoz, exsuperintendente de la SAT