Después de 38 años de ejercicio en la aplicación de la justicia y a punto de jubilarse, Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia Penal, deberá guardar prisión preventiva por el delito de prevaricato, mientras que por cohecho pasivo le fue ordenado pagar una caución económica de Q200 mil. No obstante, el juez Undécimo José Eduardo Cojulún decidió ligarla a proceso por ambos delitos.

El juzgador argumentó en su resolución que existen indicios suficientes para sospechar que su colega pudo haber recibido dinero a cambio de beneficiar con libertad condicional a tres personas sindicadas de pertenecer a la red de defraudación aduanera, según lo planteó el delegado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Sierra de Stalling decidió en su segundo día de audiencia incluir en su defensa al abogado Francisco García Gudiel, quien también defiende a Carlos Muñoz, exsuperintendente de la SAT en el caso La Línea, y anteriormente asistió al ex Jefe de Estado José Efraín Ríos Montt.

Al finalizar la audiencia la juzgadora aludida declaró que la resolución emitida por Cojulún, es “ridícula y absurda”, y que esta atiende a “presiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

“No es posible que para un delito haya dado la medida de caución económica y para el otro me haya enviado a prisión, es ilógico… el juez resolvió por presión de la comunidad internacional, porque los jueces y magistrados tiemblan ante la CICIG, pero la historia dirá si las resoluciones se dieron apegadas a Derecho o por beneficiar a un grupo social”, dijo Sierra antes de ser engrilletada para luego conducirla al Cuartel de Matamoros donde pasó su segunda noche.

El magistrado Erick Santiago y la jueza Jisela Reinoso resuelven hoy su situación jurídica.

Beneficios para La Línea

Según las averiguaciones preliminares del MP y la CICIG, Sierra de Stalling pudo haber beneficiado con arresto domiciliario bajo fianza a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez; Miguel Ángel Lemus Aldana, y a Salvador Estuardo González, alias Eco, supuestos cabecillas del grupo criminal La Línea, a cambio de recibir dinero.

“El 16 de abril la jueza convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha… se estableció por medio de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de los sindicados pudo responder a una negociación ilegal entre estos y la jueza, gestionada por Luis Alberto Mendizábal, ahora prófugo de la justicia, por al menos Q100 mil”, explicó la CICIG.

En una de las llamadas presentadas ayer durante la audiencia, se escucha cómo Mendizábal afirma que “ya se comunicó con Robertico”, en alusión al hijo de la jueza. Ante eso, el abogado García Gudiel dijo “¿que por qué tiene que pagar ella las llamadas que no contesta su hijo?”.

“Es un revanchismo”

Ayer también se celebró el primer día de la audiencia de primera declaración de la jueza Jisela Reinoso, sindicada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, obstaculización de la acción penal e incumplimiento de deberes.

Durante su declaración, la jueza dijo que su caso se trataba de “un revanchismo político”, debido a sus resoluciones en contra de la exfiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, y por haber clausurado el caso del Banco de la República.

El magistrado Erick Santiago de León declarará hoy ante el Juzgado Décimo, señalado de solicitar, junto a otros abogados, Q10 millones para favorecer a una empresa sancionada con Q93 millones.