Evidentemente muy molesta, la jueza Octava Penal Martha Josefina Sierra González de Stalling ha rechazado esta tarde la resolución de su colega Onceavo, José Eduardo Cojulún Sánchez, contralor del caso La Línea, quien en el delito de prevaricato le dio medida sustitutiva de Q200 mil, pero por cohecho pasivo la envió a prisión preventiva por el peligro de afectar la averiguación de la verdad. Entre los sindicados están Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Su primera reacción al escuchar el fallo fue: “¡Esa es una resolución absurda, ilógica, contradictoria, con falta de fundamento legal y que viola los principios constitucionales…!”, porque por un lado se le concede libertad bajo fianza, pero por otro es privada de esa misma libertad. De forma sorpresiva, De Stalling estrenó en la audiencia de hoy a un nuevo abogado: Francisco García Gudiel.

Incluso, la jueza –enviada de nuevo a la cárcel del cuartel de Matamoros, zona 1– dijo entre otros puntos a la prensa que no se arrepiente de nada por haber otorgado medida sustitutiva (fianzas de Q250 mil y Q200 mil) a seis (de los 22) implicados en la red de defraudación aduanera, descubierta por el MP y la CICIG al interior de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Su nuevo defensor, –también del equipo legal del exjefe de Estado, general José Efraín Ríos Montt, en el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad-, insistió en que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia –como por el contrario lo advierten la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad-, por lo cual presionó para que se le impusieran medidas cautelares.

Asimismo, utilizando voz subida de tono, García Gudiel reclamó al juez Cojulún el hecho de que a Salvador Estuardo González, alias “Eco” –uno de los principales acusados en el proceso- inicialmente le hayan sido otorgadas medidas sustitutivas. Luego, el defensor planteó un recurso de reposición contra el fallo de este día, el cual fue rechazado por el titular del Juzgado Onceavo.

El abogado de la jueza apeló al criterio de Cojulún explicándole que su cliente padece apnea del sueño –trastorno común en el que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño–, por lo que solicitaba no enviarla a prisión provisional.No obstante, su requerimiento no prosperó.

Bufete de la Impunidad

El vasto expediente procesal contiene la documentación sobre el denominado por la CICIG y el MP como Bufete de la Impunidad, a través del cual se había “negociado” con Sierra de Stalling –lo cual ella rechaza tajantemente- las fianzas para tres de los principales implicados: Francisco Javier “teniente Jerez” Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, “Eco”.

El informe oficial destacó que, resultado de la investigación de lo que parecía haber sido un “soborno” a la jueza para que otogara las medidas sustitutivas, se procedió a la captura de los abogados Ruth Emilza Higueros Alay, José Arturo Morales Rodríguez –dueño de la oficina legal- y Jorge Luis Escobar Gómez, sindicándolos del delito de cohecho activo.

Los seis individuos que habían obtenido su libertad bajo fianza fueron reaprehendidos días después. Otro de los consignados es el también jurista Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza, quien optó por entregarse en el Juzgado Undécimo. Se le acusa de haber sido parte del eqipo de “negociadores” por parte del Bufete de la Impunidad con la administradora de justicia ahora enclaustrada.