El magistrado Erick Santiago de Léon y las juezas Jisela Yadel Reinoso Trujillo y Marta Sierra de Stalling, que juntos acumulan 27 años de experiencia en la administración de justicia, fueron puestos ayer frente a los estrados, sindicados por delitos relacionados con corrupción en el ejercicio de su cargo.

La acción coordinada entre el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) satisfizo a organizaciones que abogan por la depuración del sector justicia.

Momentos después de la captura de los jueces, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, expresó en su cuenta de Twitter: “Para quienes amamos la justicia ¡Cómo duele la corrupción de un juez! Traiciona la misión sublime de juzgar y socava la confianza ciudadana”.

Marta Sierra se entregó voluntariamente al Juzgado Undécimo Penal, donde presentará hoy su primera declaración.

El MP y la CICIG consideran que Reinoso incurrió en lavado de dinero y otros activos, enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. La jueza fue detenida en su residencia, en un exclusivo condominio de Fraijanes, cuya propiedad sobrepasa sus ingresos como docente y jueza, según la citada Comisión.

Cuando Reinoso llegó al sótano de la Torre de Tribunales declaró que su familia y ella fueron perseguidos. “Desde mayo de 2014 fuimos víctimas de una persecución, a mi hija la siguieron toda una noche y revisaron sus cuentas bancarias y sus trabajos, cuando saben dónde trabaja, a mi hijo lo siguieron hasta su colegio y a donde entrena… entraron a mi juzgado, hace un año entraron a revisar todos mis documentos”, relató.

Reinoso, quien dirigía el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, fue enviada a la cárcel para hombres y mujeres del Cuartel de Matamoros, donde pasó la noche previo a la audiencia de primera declaración programada para hoy a las 8:30 horas en el Juzgado Undécimo Penal a cargo de José Eduardo Cojulún.

Se entrega y no se arrepiente

Sierra de Stalling ayer no llegó a su despacho en el Juzgado Octavo del Ramo Penal, sino que se presentó al Juzgado Undécimo, que tiene una causa en su contra por cohecho pasivo y prevaricato. En la primera jornada de la audiencia de primera declaración, el MP presentó escuchas que la vinculan con el llamado “Bufete de la Impunidad”.

Erick Santiago de León, magistrado de Sala Mixta de Quiché, pasó la noche en la carceleta del Organismo Judicial y declara mañana ante un juez.

Esa estructura procuró los contactos y acciones necesarias para que Sierra dictara arresto domiciliario a favor de tres supuestos cabecillas de la red de defraudación aduanera denominada La Línea. Roberto Sierra Stalling, hijo de la jueza, también guarda prisión preventiva sindicado como parte de ese grupo.

La juzgadora negó ante los medios toda vinculación con el llamado “Bufete de la Impunidad” y aseguró que su resolución al dejar en libertad condicional a Salvador Estuardo González, Francisco Ortiz y Miguel Lemus fue apegada a derecho y “bajo amplios criterios judiciales”.

A su salida del juzgado la togada declaró: “Dentro de ese proceso algunos delitos contemplan ese beneficio, si yo decidí que no había peligro de fuga mi obligación era otorgar esa medida… de la cual no me arrepiento”. Sierra Stalling fue enviada también a Matamoros mientras continúa su audiencia hoy a las 13:00 horas.

El magistrado

Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Quiché, es señalado por el delito de cohecho pasivo, ya que junto a otros dos abogados pretendían cobrar una comisión de Q10 millones a cambio de que la Sala Tercera del Ramo Civil (donde Santiago se desempeñó en 2014) rebajara las costas de Q93 millones que debía pagar una empresa.

El juez de Segunda Instancia permanece desde anoche en la carceleta de la Torre de Tribunales y saldrá de ahí hasta mañana a las 9:00 horas, para su audiencia de primera declaración en el Juzgado Décimo a cargo de Walter Villatoro.

¿En qué área recluyeron a las juezas?

Tras el auto de prisión preventiva dictado contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la cartera de Gobernación emitió un acuerdo que permite la reclusión de mujeres en la cárcel del Cuartel Militar de Matamoros. Sin embargo, el centro no cuenta con una instalación independiente de la que ha funcionado para los hombres, como lo mandan las normas penitenciarias.

Hace seis días, Élmer Sosa, viceministro de Seguridad, indicó que instruyó al Sistema Penitenciario (SP) para ubicar un espacio para construir un módulo para mujeres en la cárcel ubicada en ese penal, debido a que en el país no existe sitio para recluir a sindicadas en casos de alto impacto.

La orden judicial para que las juezas Jisela Reinoso y Marta Sierra guarden prisión provisional en Matamoros al parecer puso en aprietos a Presidios. Cuando estas fueron trasladadas trascendió que esa entidad no sabía qué hacer con ellas. El vocero del SP, Rudy Esquivel, indicó que pasaron la noche en un “área específica para ellas”, pero no explicó si hubo reubicación de los reclusos o en qué instalación física fueron recluidas las operadoras de justicia.