El Juzgado Undécimo ordenó su captura por los delitos de prevaricato y cohecho pasivo.

Según las investigaciones, la jueza obtuvo una comisión ilegal de una red de abogados denominada Bufete de la Impunidad. La conexión entre la estructura delincuencial y ella, fue su hijo Roberto Stalling Sierra, de acuerdo con los entes encargados de la investigación.

Los beneficiados por la jueza fueron Salvador Estuardo González, alias Eco; Francisco Ortiz Arriaga, conocido como el Teniente Jerez, y Miguel Ángel Lemus Aldana, quienes fueron recapturados luego de que se estableciera a través de escuchas telefónicas que previo a su primera declaración por el caso La Línea, ya habían pactado una fianza para poder recuperar su libertad.

Roberto Stalling Sierra

CICIG implica a hijo de jueza en caso de soborno

Roberto Stalling Sierra, hijo de la jueza Octava del Ramo Penal Marta Sierra de Stalling, se entregó el 27 de junio a las autoridades tras la emisión de una orden de captura en su contra por su posible colaboración con el Bufete de la Impunidad. Además, en una audiencia del proceso contra esa estructura, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló cómo habría participado en esa red.

Mientras Stalling Sierra comparecía en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal –ubicado en el tercer piso de la Torre de Tribunales, donde su madre dirigía otras audiencias– la CICIG expuso algunos de los movimientos que el abogado habría realizado para que tres presuntos cabecillas de la red de defraudación aduanera La Línea fueran beneficiados con una medida sustitutiva por la jueza Sierra.

“Hay un total de 23 llamadas entre José Luis Montenegro (defensor de los líderes de La Línea e implicado en el Bufete de la Impunidad) y Roberto Stalling entre las nueve y diez de la mañana”, explicó el representante de la CICIG, Christian Ulate, ante José Eduardo Cojulún, titular del Juzgado Undécimo.

Esas comunicaciones ocurrieron el 16 de abril pasado, cuando se desmanteló La Línea y un día después de que la titular del Juzgado Octavo emitiera las órdenes de aprehensión contra los involucrados en esa red. “No es normal que haya más de 20 llamadas entre ambos”, puntualizó Ulate.

Luego de esas conversaciones, las antenas de telefonía ubicaron los dispositivos de Stalling Sierra y Montenegro en la Torre de Tribunales, afirmó el abogado de la CICIG. “Es el hijo de la jueza que resolvería la situación jurídica de los implicados (en el caso La Línea)”, señaló Ulate.

Además, de acuerdo con Ulate, el 18 de abril pasado, Montenegro y Stalling Sierra se reunieron en un centro comercial de la capital. La cita fue tres días antes de que la jueza dictara arresto domiciliario a favor de Francisco Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez; Salvador Estuardo González, alias Eco, y Miguel Ángel Lemus Aldana, supuestos cabecillas de La Línea.

La CICIG reveló la participación de Sierra Stalling durante una audiencia en la que la defensa de los implicados en el Bufete de la Impunidad solicitó que fueran procesados por el delito de asociación ilícita y no por encubrimiento propio y que se les concediera medidas sustitutivas.

Karla Ortiz, la hija de ‘el Teniente Jerez’, aparece junto al Presidente Otto Pérez, en una exposición equina. Ella aseguró a Mendizábal que conseguirían el efectivo solicitado para lograr la medida.

Movieron cerca de Q2 millones para asegurar medida sustitutiva

Por otro lado, Sandra Ortiz, esposa de Jerez, se ocupó en retirar el mismo día de la captura US$20 mil, y el día siguiente retiró US$50 mil. Con esto se cancelaría un supuesto soborno a la jueza Marta Sierra de Stalling para que le concediera libertad bajo fianza.

Más capturas

También la jueza Jisela Reinoso fue capturada esta mañana en Fraijanes, señalada de delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial por la CICIG y el Ministerio Público.

Además, en Quiché fue detenido el Magistrado Erick Santiago De León por tráfico de influencias.En octubre del año pasado, Iván Velásquez, cabeza de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala, y la fiscal general Thelma Aldana develaron la existencia de una banda dedicada a cobros ilegales para cambiar sentencias en segunda instancia mediante pagos de dinero.