La jueza Jisela Reinoso fue capturada esta mañana en Fraijanes, señalada de delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial por la CICIG y el Ministerio Público.

Según las  investigaciones, la jueza “cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y que resultan incongruentes con sus ingresos que devengaba como empleada pública y como docente”. Entre los gastos y cuentas anómalos denunciados por la Comisión figura el pago del 45.5 por ciento de una vivienda valorada en Q2 millones 357 mil 439.70, cancelado de mayo de 2013 a julio de 2014.

Además, las pesquisas apuntaron a que la jueza canceló las cuotas de enganche y crédito hipotecario del inmueble con dinero cuyo origen, opina la institución internacional de la ONU, es dudoso.

Reinoso también fue señalada por la compra supuestamente irregular de varios vehículos que implicaron dos pagos al contado de por lo menos Q200 mil, durante febrero y mayo del año pasado.

El pasado mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó la solicitud de antejuicio contra Reinoso, y designó a Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, como juez pesquisidor de la causa.

EL MAGISTRADO

Además, en Quiché fue detenido el Magistrado Erick Santiago De León por tráfico de influencias. En octubre del año pasado, Iván Velásquez, cabeza de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala, y la fiscal general Thelma Aldana develaron la existencia de una banda dedicada a cobros ilegales para cambiar sentencias en segunda instancia mediante pagos de dinero.

Según las pesquisas, el magistrado Santiago de León habría recibido –o por lo menos, pidió- alrededor de Q10 millones por cambiar una sentencia de Q93 millones dictada en primera instancia contra una empresa en un litigio penal. Según ambas instituciones y en base a una denuncia, se ofreció al representante legal de la compañía solucionar el problema y bajar el pago a Q3 millones, a cambio de una compensación (a los intermediarios) que oscilaría entre Q8 y 16 millones en efectivo.

En febrero de este año, la CSJ decidió declarar con lugar la solicitud de antejuicio contra el magistrado.

Según los entes investigadores, Eliot Imeri Díaz -amigo de infancia de Santiago de León- y el abogado Samuel Enrique Alvarado López fueron intermediarios entre el magistrado y la compañía privada a la que intentaban favorecer a cambio de la cifra millonaria.