Ayer por la tarde, a las afueras del restaurante Los Cebollines de Majadas, zona 11, fue visto un vehículo del Sistema Penitenciario (SP) del que descendieron varios elementos de seguridad fuertemente armados. El motivo de su presencia en el lugar fue el traslado del privado de libertad Byron Izquierdo, implicado en la red de defraudación aduanera denominada La Línea, quien asistió a la boda de su hija. El sindicado está detenido desde hace cinco meses en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18.

Izquierdo operaba a nivel medio de la estructura de defraudación fiscal. Según una llamada intervenida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), él recibía una “retribución” de Q12 mil 600 cada semana. El monto fue establecido después de una reunión en la que participaron el prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, el exintendente de Administración Tributaria Carlos Muñoz, Estuardo González, alias Eco, Julio González, Izquierdo y otros acusados.

El permiso para salir del centro de detención fue autorizado por el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien ha presidido las audiencias de primera declaración del expresidente Otto Pérez, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y el resto de acusados dentro del caso La Línea.

El permiso para que el sindicado por el caso La Línea saliera de prisión fue firmado por Miguel Ángel Gálvez.

Permiso cuestionable

Según se lee en la resolución de traslado, Izquierdo hizo la solicitud del permiso el pasado 14 de septiembre, dos días después el juez Gálvez autorizó que se le permitía asistir a la celebración durante un lapso de cuatro horas, desde las 15:00 hasta las 19:00 horas.

elPeriódico constató que la unidad del SP asignada para el traslado del privado de libertad estaba lejos de la puerta de ingreso al restaurante. De la misma forma, los guardias que debían custodiar a Izquierdo estaban fuera del salón donde se realizaba la boda y se alejaron del lugar sin el reo.

Rudy Esquivel, vocero del SP, confirmó el traslado y aseguró que contaba con todos los permisos necesarios. No obstante, comentó que los protocolos de seguridad establecen que los guardias no pueden alejarse demasiado del lugar donde está el custodiado. De comprobarse el hecho los agentes tendrían que ser sancionados.

Byron Izquierdo operaba a nivel medio en la red de defraudación aduanera y se beneficiaba con Q12 mil 600 semanales. / archivo

Para la analista Corinne Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), más allá de si la salida de Izquierdo tiene las autorizaciones necesarias, debe cuestionarse el hecho que el privado de libertad obtenga estos permisos cuando participa en un caso de alto impacto. Si bien es usual autorizar una salida para que el sindicado asista a un funeral o boda de un familiar muy cercano, el peligro de fuga es latente.

Por otra parte, Dedick señala que el SP debe desplegar varios agentes para la custodia, lo que implica llevar armas de fuerte calibre a zonas con mucha concurrencia, además se movilizan elementos de otras áreas donde son necesarias pese a que “se sabe de las limitaciones que tienen y no se dan abasto”, agregó.