La práctica de contratistas del Estado que buscan ocupar un cargo público se repite en cada proceso electoral. Este año, se identificaron al menos 53 candidatos a diputados distritales que fueron detrás de una curul en el Congreso en las elecciones del 6 de septiembre, y guardan o guardaron relación con el erario público. Algunos de estos, todavía tienen cuentas pendientes con el Estado.

Solo en contratos a nombre de los 53 candidatos, el portal web Guatecompras.gt registró pagos por un total de Q631 millones 435 mil 343. Los datos reportados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indican que nueve de estos aspirantes lograron su propósito y representarán a su departamento en el hemiciclo legislativo a partir de enero.

La prohibición

Según el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores o trabajadores públicos de los Organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.

Tampoco podrán ser contratistas los parientes legales de estos servidores públicos, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias donde el trabajador preste sus servicios o con aquellas que se encuentren bajo su autoridad. Esta prohibición rige también para las personas jurídicas cuando el funcionario sea socio o representante de las mismas.

Este artículo de la ley tiene una consecuencia directa para los contratistas que opten a un cargo de elección popular: de ser electos en estos comicios, no podrán asumir el puesto, recuerda el politólogo Renzo Rosal: “Esta gente, aunque sea electa, no puede tomar posesión del cargo”.

Según Rosal, debe analizarse si algunos de los contratos firmados meses atrás todavía están vigentes. “En las obras físicas suele haber retrasos”, asegura. “Suponiendo que ya no sean contratistas porque el contrato ya fue pagado, existe una duda de si podrían asumir el cargo. Ahí es donde el TSE no ha tomado un papel fundamental, que es investigar la honorabilidad y el sentido de los candidatos”, cuestionó.

Rosal reiteró que si algún candidato fue contratista en algún momento, debería tomarse como una prohibición para optar a un puesto de elección popular. “No se vale que ningún candidato tenga relaciones con el gobierno, debería estar prohibido”.

Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del TSE, explicó que en procesos electorales anteriores, la dependencia a su cargo recibía las denuncias contra aspirantes contratistas y rechazaba directamente estas inscripciones. Sin embargo, este año es la Inspección General la encargada de investigar estos casos. Según Guerra, durante el actual proceso “no se revocó ninguna inscripción de contratistas del Estado”.

Los próximos diputados

Entre los nombres de los nueve candidatos que lograron una curul está Josué Edmundo Lemus Cifuentes, miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en El Quiché. Lemus figuraba como representante legal de una empresa llamada Incol Ingeniería y Construcción Lemus, que recibió contratos por Q58.4 millones entre 2006 y 2014. Este año, vendió su compañía a la Sociedad Anónima denominada Baesco a través de un contrato de absorción, y se hizo con la mayor parte de sus acciones, con lo que continuó controlando los beneficios de la empresa. Héctor Cana, Juan Carlos Salanic y Augusto César Sandino serán otros diputados contratistas de la UNE.

Por Libertad Democrática Renovada (Lider), en Suchitepéquez, está Julio Antonio Juárez Ramírez. A su nombre está la empresa Construservi Zoe, que logró adjudicarse Q111.9 millones entre 2005 y 2011. El mismo partido también contará con representación territorial de otros tres contratistas del Estado: Edgar Tomás Córdova, Jaime Benedicto Cáceres y Sergio Leonel Celis.

El otro partido que tendrá contratistas en el Congreso será Unión del Cambio Nacional (UCN). Milton Francisco Guerra firmó contratos por Q152.1 millones entre 2005 y 2014, a través de la empresa Proyectos Samaria.

Candidatos con cuentas pendientes

La pauta de contratistas candidatos se repitió en 20 de los 23 distritos, incluido el central. Según se pudo evidenciar, el departamento que más casos recoge es el de Huehuetenango, y los candidatos que más incurren en esta práctica pertenecen al Partido Patriota (PP), Lider y UNE. La mayor parte de las empresas que se fiscalizaron son constructoras y compañías de transporte.

Al menos 19 de los candidatos firmaron contratos con el Estado en este año, varios de ellos cuando ya habían sido elegidos como la opción de los partidos políticos.

El ejemplo más reciente es el de Eldai Eliázar Bartolón Romero, candidato a diputado de San Marcos por el partido Visión con Valores (Viva), quien fue beneficiado con Q749 mil 659.95 por medio de la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de su empresa Singmar, por el “mejoramiento de calle complemento central, avenida principal hacia Pacajá, zona 10 Quetzaltenango”.

Otro caso destacable es el de José Horacio Fúnez Gálvez, candidato por Corazón Nueva Nación (CNN) en la primera casilla de Sacatepéquez. Fúnez es representante de la empresa de seguridad Super Control 24, que suscribió 49 contratos por Q56.5 millones solo entre 2011 y 2015. El último de ellos lo firmó con el Ministerio de Salud Pública el 14 de agosto de 2015, por Q70 mil 400, por el “servicio de seguridad y vigilancia” en el Hospital Nacional de Huehuetenango.

Uno de los montos más altos durante este año fue para Fredy Efraín López Rivas, candidato de Lider por Huehuetenango, que sumó Q1.8 millones en un único contrato por un proyecto de obra civil vial en el departamento de Huehuetenango, suscrito con el Fideicomiso del Fondo Vial. López únicamente tiene contratos con el Estado entre 2012 y 2015, por un total de Q26 millones.

Esta es una historia producida en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del ICFJ en alianza con CONNECTAS.