Rony David Ruano Gil, uno de los aprehendidos el viernes pasado por la Policía ha prestado declaración esta mañana –y dijo ser ajeno- en el caso de “plazas fantasmas” descubierto por la CICIG y el Ministerio Público en el Congreso de la República, periodo 2013-14, cuando lo presidió el diputado -entonces patriota- Pedro Muadi Menéndez.

Los otros detenidos e igualmente sindicados de los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, son Ana Lucía Reyes Bolaños y Héctor Augusto Reyes Gómez, quienes aguardaban turno para su declaraciòn luego de Ruano ante el juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulún Sánchez. Ximena Toriello, ex secretaria privada de Muadi, se abstuvo.

Ximena Toriello. Foto José Miguel Lam

El viernes 26 de junio, investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI, PNC y la Comisión Internacional allanaron oficinas del Palacio Legislativo y en el edificio anexo situado en la 8a. avenida 10-57, zona 1, donde ejecutaron cinco aprehensiones iniciales dentro del personal.

En efecto, los primeros consignados fueron Edgar Eduardo Catalán, jefe de supervisores de Recursos Humanos, María Ofelia Mercedes Villafuerte, directora de Recursos Humanos; Rudy Escobar Villagrán; Silvia Meneses y Elisa Méndez Cardona, a quienes se identificó como secretarias de Muadi. Otras dos personas se entregaron hoy.

Antecedentes

La CICIG y el MP descubrieron que en seis meses de 2013, el diputado Muadi como presidente se apropió de Q630 mil mediante el pago a 15 guardaespaldas en el periodo que terminó en el 2014, pero que eran agentes de una empresa de seguridad privada.

La fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez dijeron en conferencias de prensa que, por ejemplo, la Tesorería del Congreso giraba cheques por Q7 mil u Q8 mil para pago de sus “escoltas” –que se constató nunca llegaron a trabajar–.

La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra del parlamentario, por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, por lo que plantean eliminar esa protección constitucional para que sea enjuiciado.

En allanamientos se arrestó a Claudia María Bolaños Morales –secretaria de una empresa de seguridad (de cartón)– que, a cada uno de los “escoltas” –también contratados por el Legislativo– solo les entregaba Q2 mil, aunque giraba cheques por Q7 mil u Q8 mil.

En Oratorio, Santa Rosa, detuvieron a José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad de la compañía particular a través de la cual se ejecutó la operación en el 2013. Sin embargo, la investigación combinada continúa el curso correspondiente.

La jefa del MP dijo en su oportunidad que, incluso, para desviar los fondos públicos fueron abiertas 15 cuentas bancarias para cada uno de los “escoltas” del presidente Muadi, presupuestados con Q5 mil de salario y Q3 mil más provenientes de dicho organismo.

La investigación comenzó por una denuncia de Acción Ciudadana (AC) –capítulo de Transparencia Internacional– en contra de Muadi, precisó Aldana. “Tenemos pruebas documentales y testimonios de personas que vinieron aquí” a querellarse, agregó.

Manifestó que así pudo constatarse la existencia de unas 200 plazas “fantasma” en el Congreso, habiendo documentado 15 de ellas –las de los guardias privados y supuestos guardaespaldas–, contratos irregulares del Renglón 022 en el periodo 2013-2014 que presidió.

En cuentas bancarias, dijo, se hallaron depósitos por Q630 mil provenientes de los contratos de seguridad en el Congreso, a través de la compañía PSE, S.A. –y cuyo gerente general es Muadi, que se quedaba con el 90 por ciento del salario de “sus guardaespaldas”.