El expresidente Otto Pérez Molina interpuso apelaciones contra los últimos dos fallos judiciales emitidos en su contra. El primero fue presentado contra la prisión preventiva que le fue dictada y el otro por el embargo de sus cuentas bancarias.

Las acciones legales, planteadas ayer por sus abogados en la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo del Ramo Penal, buscan revertir las dos sentencias pronunciadas en los últimos días contra el exmandatario, vinculado en un caso de defraudación en las aduanas que lo llevó a renunciar el pasado 2 de septiembre.

Una de las apelaciones es contra la resolución de Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien determinó que existía el peligro de fuga y de obstaculizar las investigaciones de parte del exmandatario, por la cual era necesario recluirlo provisionalmente.

El fallo del juez se basó en que el puesto que ostentaba Pérez Molina le daba la facultad para interferir en las investigaciones del Ministerio Público.

Por esa razón, el juez decidió enviarlo a la prisión ubicada dentro del Cuartel Militar Matamoros, así como también para resguardar su seguridad como exmandatario y ahora señalado como uno de los altos mandos de la estructura dedicada a la defraudación aduanera autodenominada La Línea.

Sin embargo, para César Calderón –abogado de Pérez Molina– no existe ninguno de los peligros señalados por el juez, ya que, aseguró, su cliente siempre ha estado dispuesto a enfrentar a la justicia y resolver su situación actual.

PIDE REVOCAR EMBARGO

El exgobernante también busca retirar el embargo dictado contra sus cuentas bancarias, el cual fue ordenado el jueves último, luego de renunciar al cargo y presentarse al juzgado de Alto Impacto para enfrentar los señalamientos del Ministerio Público (MP).

Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, decretó la medida cautelar contra Q5 millones 228 mil 360 y US$ 22 mil 723 ubicados en seis cuentas bancarias abiertas en cuatro entidades del país.

El embargo fue solicitado por el Ministerio Público (MP) debido a reportes de transacciones sospechosas emitidos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y su implicación dentro del caso La Línea.

Uno de esos movimientos sospechosos fue el pago de una deuda de Q431 mil que, según investigaciones, pudo provenir de un proyecto del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), el cual designó un poco más de Q7 millones para el mejoramiento de un tramo carretero.

Esa cifra millonaria pasó por las empresas del diputado Estuardo Galdámez y Juan de Dios Rodríguez, exjefe del Seguro Social, de acuerdo con la pesquisas.

Esa medida podría ser revertida hoy a las 14:00 horas por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, la cual lo citó a esa hora para presentar sus argumentos contra la orden del Juez de Extinción.

Los cargos contra Pérez Molina

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala señalan al exmandatario de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.  El juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió ligarlo a proceso por esos tres delitos, tras analizar diferentes escuchas telefónicas y documentos encontrados en allanamientos.