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CSJ resuelve que Martha Sierra de Stalling debe ser investigada luego que CICIG y MP la señalaran de prevaricato y cohecho pasivo, por haber dado libertad bajo fianza a seis sindicados en la investigación del caso La Línea.
Por considerar que existen indicios racionales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este día en votación unánime de sus 13 magistrados retirar la inmunidad a la jueza Octava de Instancia Penal, Martha Joefina Sierra González de Stalling, a quien el Ministerio Público (MP) y la CICIG vinculan con la red de defraudación aduanera La Línea por haber concedido libertad bajo fianza a seis de los 25 acusados.
La funcionaria es sindicada de los delitos de prevaricato y cohecho pasivo por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, luego que en mayo concedió medida sustitutiva de Q200 mil a Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias teniente Jerez; Salvador Estuardo González, alias “Eco”; Miguel Ángel Lemus Aldana y Mónica Patricia Jáuregui Zamora, y de Q250 mil a Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil, defendidos por el “Bufete de la Impunidad”.
Pero los investigadores contaban con comprometedoras “escuchas” telefónicas, en las que algunos de los imputados hablaban de tener contactos en los altos niveles del Organismo Judicial e, incluso, mencionaron a la magistrada de la CSJ Blanca Aída Stalling –cuñada de la jueza Sierra- para obtener con rapidez la libertad mediante el pago de fianzas, lo cual significó que se pidiera un procedimiento de antejuicio contra la titular del Juzgado Octavo.
Consumadas las órdenes de libertad provisional, el MP y la CICIG lograron que la Corte Suprema nombrara pesquisidor al vocal primero de la Sala Segunda de Apelaciones, Roaldo Chávez Pérez, quien al rendir dictamen respondió que no existían razones para quitarle la inmunidad a la juzgadora, pero hoy la CSJ consideró que sí hay indicios, por lo que Sierra de Stalling será objeto de la investigación de los dos entes mencionados.
Dentro de las pesquisas, el MP y la CICIG aprehendieron poco después con la Policía a los abogados José Arturo “Chepito” Morales Ramírez, Jorge Luis Escobar Gómez y Ruth Emilsa Trigueros Alay, señalándolos como parte del “Bufete de la Impunidad” que negoció las medidas sustitutivas favorables a Ortiz, González, Lemus, Jáuregui, Ixtuc y Gil, a quienes se devolvió a la cárcel al prosperar un recurso de amparo interpuesto por esas instituciones.
El juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez envió ayer a la cárcel de Matamoros al expresidente Otto Perez Molina, e hizo lo mismo antes con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti al remitirla del cuartel hacia el preventivo de Santa Teresa, zona 18, tras su captura el 21 de agosto en el Centro Médico, donde había permanecido hospitalizada. El juzgador reveló que están pendientes de 14 a 15 aprehensiones, entre esta la del fugitivo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado vicepresidencial.
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