Esto se da pese a las protestas ciudadanas y exigencias de diferentes sectores para que se reformara la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no se dejara participar a ningún candidato que tuviera alguna tacha.

Entre los cuestionados hay funcionarios que están señalados de corrupción, de estar vinculados con el narcotráfico e incluso por su relación con grupos paralelos de seguridad.

Muchos de ellos enfrentan actualmente antejuicios, tras encontrarse indicios para investigar sus presuntos delitos.

Al cierre de la edición, todavía no se conocían resultados que dieran luz a si estas personas habrían logrado sus objetivos.