«Sus derechos ciudadanos quedan suspendidos mientras permanezca en esta condición. Obviamente es un impacto simbólico, no sólo para él, sino para las bases del partido que lo llevó al poder en los comicios de hace cuatro años (2011)», dijo a la dpa Julio Donis, analista del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).

Mario Rivero, un observador electoral del sector índigena, consideró que representa una «paradoja».

«Hace cuatro años pudo ejercer el derecho de elegir, y también de ser electo. Ahora, ni siquiera podrá aproximarse a un centro de votación para asistir a la jornada democrática», comentó.

Tras dos días de audiencia de primera declaración, Pérez debió volver, por segunda noche consecutiva, a la cárcel del cuartel militar de Matamoros, en la capital. Allí permanecerá hasta el martes, cuando el juez dictará su fallo respecto a si lo liga o no a proceso.

«Lo prudente es aplazar la audiencia para proceder a dictar la resolución», dijo el juez Miguel Ángel Gálvez, quien decidió además que Pérez siga en detención provisional en el cuartel militar de Matamoros.

«La prisión provisional dictada en contra del señor Pérez es una decisión atípica. Se adoptó a criterio del juez, para garantizar la continuidad de la audiencia. Esto no está regulado en la normativa penal», dijo Liliana Hernández, integrante de la Asociación de Abogados Mayas.

Explicó que la normativa penal guatemalteca establece que la prisión preventiva puede ser dictada una vez finalizada la audiencia de primera declaración. En este caso, «el juez se adelanta; eso es atípico. Pero fue la decisión del juez», indicó.

Pérez dejó de ser presidente el jueves después de que el Congreso aceptara su renuncia. Desde ese día está detenido. El juez debe determinar ahora si hay suficientes elementos para procesarlo por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y mantenerlo en prisión.

El ex general retirado, de 64 años, está acusado de formar parte de una red conocida como «La Línea» que supuestamente cobró sobornos por unos 3,7 millones de dólares (28,5 millones de quetzales) en aduanas a cambio de facilitar la evasión de impuestos en las importaciones.