La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) oficializaron el 21 de agosto la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG, detalló en una conferencia de prensa anterior: “Hemos encontrado relaciones cercanas financieras entre el Presidente de la República y la estructura de La Línea”.

Entre las evidencias que incriminan a Pérez Molina y también a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en la estructura están las reiteradas referencias que otros miembros de la red hacen al coordinar sus acciones ilícitas. En ellas refieren que “los de arriba” recibían el 61 por ciento de lo que se recaudaba en los sobornos.

Thelma Aldana, fiscal general, también afirmó que hay indicios que implican a Pérez Molina con La Línea, y destacó las conversaciones de otros integrantes de la estructura donde mencionan al 1, al Mero Mero, o al Dueño de la Finca.

Los investigadores han analizado en ese caso 88 mil 920 sesiones de llamadas, 5 mil 906 correos electrónicos y 175 mil documentos.

Más indicios

El informe que la CICIG y el MP presentaron a la Comisión Pesquisidora, que analizó el antejuicio contra Pérez Molina, detalla las evidencias halladas y que ligan al mandatario con la red de defraudación aduanera.

Durante las pesquisas, las autoridades investigadoras secuestraron computadoras, folios, documentos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los allanamientos en los que han encontrado más evidencias fueron ejecutados el pasado 16 de abril.

El primer registro se hizo en el edificio El Reformador, donde se ubicó documentación, una librera con varios sobres, bolsas de plástico y cajas de cartón las cuales en su interior contenían dinero en efectivo, tres computadoras portátiles, tres memorias USB, un monitor de escritorio, cuatro teléfonos inalámbricos, más de una veintena de leitz así como fólderes con información contable.

Ese mismo día, otro grupo de fiscales del MP y la CICIG ejecutaron otra orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 10 del municipio de Mixco, en donde se localizó a Salvador Estuardo González, alias Eco, implicado también en el caso. En esa residencia se secuestraron también documentos, computadoras y teléfonos inalámbricos.

Horas más tarde los allanamientos se extendieron en una de las oficinas del edificio Sixtino II, específicamente en las instalaciones de la entidad Comercial Canchas Deportivas de Guatemala, vinculada directamente a Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El último registro de ese día se ejecutó en la Boutique Emilio, la cual aparentemente servía como centro de operaciones de la red. En este inmueble se localizó gran cantidad de documentos así como computadores portátiles, teléfonos celulares, cheques, boletas de depósitos, discos compactos con aparente información de La Línea, memorias USB, armas de fuego así como dinero en efectivo.

Una prueba relevante

En la audiencia de primera declaración de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron una escucha telefónica en la cual el presidente Otto Pérez Molina se comunicó con Carlos Muñoz, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria. En la conversación, el mandatario le ordena cambiar al jefe de recursos humanos de esa entidad por Sebastián Herrera Carrera, quien está sindicado como miembro de La Línea.