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Nacionales

La última carta del Presidente


Dos acciones de amparo, contra la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Pesquisidora del Congreso, relacionadas con el antejuicio del Presidente aún deben ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad.

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El pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) debe resolver dos amparos planteados por el abogado del mandatario Otto Pérez Molina, que adversan el trámite del antejuicio en su contra. Esas acciones deben ser resueltas por el máximo tribunal, aunque el Congreso ayer decidió retirarle la inmunidad a Pérez. Y el camino a seguir es: se suspende el trámite o se otorga el amparo provisional.

El abogado César Calderón presentó dos amparos el domingo ante un juzgado de turno, uno contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otro contra la Comisión Pesquisidora del Congreso, argumentando que el trámite de antejuicio denotaba “persecución política” en contra del mandatario.

El lunes, la CC fijó a la CSJ y a la pesquisidora un plazo de 24 horas para que rindieran un informe sobre sus actuaciones, el cual venció ayer. Sin embargo, el máximo tribunal no llegó a conocer dichos argumentos debido a que la presidenta de la Corte, Gloria Porras, dispuso que no convocaría al pleno hasta que no se resolvieran las acciones planteadas contra el magistrado Manuel Duarte Barrera.

Un magistrado cuestionado

Duarte tomó posesión como titular de la CC el 3 de julio en sustitución de Alejandro Maldonado Aguirre, designado como vicepresidente. Helen Mack y otras dos ciudadanas plantearon una acción de inconstitucionalidad que cuestiona su designación en el Congreso, ya que los diputados no tuvieron en cuenta a más candidatos para asumir la magistratura.

Además, plantearon una acción de amparo porque Duarte renunció a su plaza de asesor en el Legislativo hasta el pasado 17 de agosto, lo que supone una violación al Artículo 160 de la Ley de Amparo, que establece que las personas designadas para ocupar una magistratura deben cesar en cargos que sean incompatibles.

El lunes, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia pidieron a Duarte que se inhiba de conocer asuntos de interés nacional, como lo son los amparos presentados por el abogado del Presidente. 

Antes de ser electo magistrado, Duarte fue asesor de la Presidencia del Congreso.

Antes de ser electo magistrado, Duarte fue asesor de la Presidencia del Congreso.

 

El magistrado Roberto Molina Barreto indicó que se tiene que continuar el trámite de los amparos planteados por el representante de Pérez, pero que antes se tendrá que resolver la situación de Duarte.

La asistente de Duarte indicó a elPeriódico que no se pronunciaría sobre los señalamientos en su contra “por ética”, ya que es un asunto que debe conocer el pleno.

En manos de la CC

Calderón, el asesor jurídico de Pérez, señaló que la resolución de los amparos tendrá validez sobre lo dispuesto por el Congreso. “Si dan marcha atrás, podría botarse lo que ya se tiene”, agregó.

Además, reiteró que el mandatario está a disposición de la justicia, “si lo llegan a detener, no hay nada qué hacer, más que acudir al juzgado. Lo más conveniente es que lo citen”, manifestó.

El constitucionalista Alejandro Balsells indicó que los amparos no pierden materia y que la CC deberá resolverlos. Sin embargo, a criterio de otro experto en esa rama del Derecho, Gabriel Orellana, la amenaza –si es que la había– que planteaban dichas acciones, ya pasó. 

Orellana explica que ya hay un precedente en el que la CC no puede paralizar un procedimiento en el Congreso cuando este actúa en cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas, como fue en el caso del antejuicio contra Pérez.

“Dudo que esos amparos tengan alguna relevancia”, señala Orellana. “Por mucho que haya algunos magistrados incondicionales al Presidente, no creo que quieran buscarle tres pies al gato tratando de revertir todo lo actuado por el Congreso”, puntualizó.

El dilema del 3 a 2

Los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Alejandro Maldonado Aguirre votaban en bloque para retrotraer el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, poner fin a la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz y avalar el proceso de elección de magistrados cuestionado por organizaciones sociales. Ahora el magistrado Manuel Duarte se ha sumado a ese bloque, de acuerdo con resoluciones recientes como el dictamen a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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