Mientras los 132 votos contra Otto Pérez Molina aparecían en una pantalla gigante dentro del Palacio Legislativo, fiscales del Ministerio Público (MP) estaban en la Torre de Tribunales, preparados con la solicitud de arraigo contra el Presidente de la República.

En el momento en que el mandatario perdió la inmunidad, los fiscales presentaron el recurso legal ante Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien ordenó su permanencia en el país. Esto para garantizar que enfrente los cargos que se le imputan por su vinculación con la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Esa medida contra el Presidente es la primera que requiere el ente investigador. Su captura, según palabras de la fiscal general Thelma Aldana, podría darse en los próximos días. “Siempre existe ese riesgo”, respondió la jefa del MP al ser cuestionada sobre una posible fuga de Pérez Molina.

“Guatemala está dando muestras de que nadie es superior a la ley, es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros”, aseguró Aldana. La Fiscal General, además, afirmó que es “una pena y preocupación que un presidente en el ejercicio de su cargo, sea sometido a un proceso penal”.

EL CAMINO DEL CASO

Según Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), el primer paso en este proceso es que el Congreso notifique a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el despojo de la inmunidad de Pérez Molina. 

Luego de eso, la CSJ deberá trasladarlo a Gestión Penal, de donde saldrá hacia un juzgado, el cual debe inhibirse y remitirlo hacia el Juzgado B de Mayor Riesgo, pues es el contralor del caso La Línea. “Sin embargo, existen los dos amparos solicitados en la Corte de Constitucionalidad que podrían detener todo”, dijo Sotomayor.

Pérez Molina está señalado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, por liderar junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, la estructura delincuencial.

La solicitud para  retirarle la inmunidad a Pérez Molina fue presentada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a escuchas telefónicas y documentos que lo relacionan a La Línea.

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, autorizó el arraigo contra el Presidente.

Insisten en la renuncia

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Marco Antonio Sagastume, indicó que esa organización mantiene su postura en cuanto a que Otto Pérez debe renunciar a su cargo “para no desprestigiarlo”.

“El cargo de Presidente no debe ser lastimado y ensuciado por la obscenidad de estar involucrado en actos tan graves como los que se le señalan. Pérez debe entregar el puesto y enfrentar a la justicia con un ciudadano común”, dijo.

En tanto a la decisión de los diputados de retirarle la inmunidad al mandatario, Sagastume opina que los parlamentarios no tenían otra opción, debido a que existen suficientes pruebas para incriminarlo en un acto delictivo.

Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), declaró que con ese acontecimiento se fortalece la democracia del país y se promueve la institucionalidad al confirmar que nadie está por encima de la ley.

Por aparte, Ernesto Archila, del ICCPG, declaró que a partir de este momento el clamor de la ciudadanía podría aumentar porque ha visto una respuesta positiva en cuanto a sus peticiones.

“El pueblo está bastante frustrado por la corrupción tan generalizada, ahora esperaremos un proceso penal en que se puedan deducir responsabilidades y lo mejor es que se puedan recuperar los recursos que se robaron”, finalizó.

Envían expediente

El Congreso de la República notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el acuerdo donde se hace oficial el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, alrededor de las ocho de la noche de ayer. Ángel Pineda, vocero de la CSJ, indicó que hoy podría ser conocido por los magistrados, quienes trasladaron el expediente hacia Gestión Penal del Organismo Judicial.

“En este momento es un ciudadano común para la justicia”.

Thelma Aldana, fiscal general.

“El cargo de Presidente no debe ser lastimado y ensuciado por la obscenidad de estar involucrado en actos tan graves como los que se le señalan”.

Marco Sagastume, presidente del CANG.