Luego de transcurridas más de cuatro horas y con el ambiente festivo que se vivía en calles aledañas al Palacio Legislativo (cientos de guatemaltecos pedían la renuncia y retiro de la inmunidad a Pérez Molina), los integrantes de la Comisión Pesquisidora por unanimidad decidieron hacer esa recomendación al pleno del Congreso. Esto, con el propósito de que enfrente la justicia por su supuesto vínculo con la estructura de defraudación aduanera La Línea.

En el principio, ayer, los diputados solo iban a escuchar los argumentos de defensa del Presidente como contraparte a lo expuesto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el día anterior.

Pero, finalmente, la Comisión conformada por Gloria Sánchez y Mario Linares, del Partido Patriota (PP); Sergio Celis y Jorge Barrios Falla, de Libertad Democrática Renovada (Lider), y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), se inclinaron por cambiar la agenda y concluir el proceso ayer mismo, en vez de hoy como se tenía previsto.

Ahora, la última palabra la tiene el pleno del Congreso que deberá conocer y votar para decidir si se quita o no la inmunidad al mandatario. Esta sesión ordinaria debería ser el martes, a más tardar, en opinión de Montenegro, quien reiteró que “si es antes mejor”.

De acuerdo con el analista José Carlos Sanabria se tendría que conocer en la sesión del martes próximo. “De no ser así, es complicado que se convoque para el jueves o antes de las Elecciones Generales, ya que los partidos políticos están en el final de campaña. Si esto no sucede, la presión aumentaría por retomar el tema”, afirmó.

¿Qué dice el informe?

El voto unánime sobre este informe, según Mario Linares, presidente de la Comisión Pesquisidora, se logró con una “convergencia en la mayoría de opiniones y criterios”.

Decidir investigar al Presidente no fue “por razones espurias, políticas o ilegítimas”, ya que “existen indicios racionales y suficientes que orientan a establecer que el funcionario público denunciado, podría haber incurrido en acciones que revistan características propias de uno o varios ilícitos penales”.

Integrantes de la Comisión Pesquisidora, entre ellos Nineth Montenegro, escuchan al abogado del mandatario, mientras este expone sus argumentos. / Jose Miguel Lam

Además matizó, que “el informe no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado”, solo busca poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si “como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia penal común”.

Con esos elementos, concluyó, que “es necesario y recomienda que el Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, sea puesto a disposición de la justicia común”.

En este sentido, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), instó al Congreso a que se reúna cuanto antes para conocer y retirar la inmunidad al gobernante.

A esto añadió que “de no suceder esa convocatoria o de que se vote y no se retire ese beneficio se debe poner en evidencia a los diputados y partidos políticos implicados para que sean castigados en los comicios generales”.

El ausente

Como se esperaba, el Presidente declinó presentarse ante los diputados pese a asegurar el pasado jueves, en una entrevista en una radio nacional, que daría la cara ante las acusaciones. Esta es la segunda vez donde el mandatario se ausenta a una citación para abordar el tema del derecho de antejuicio.

En su lugar envió un informe escrito por medio del abogado César Calderón, conocido por ser defensor de personas cercanas a él y al Partido Patriota (PP), entre ellos, el legislador Gudy Rivera y Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social. Además de ser abogado de Mauricio Rodríguez Sánchez en el juicio por genocidio. Calderón dijo que la ley le permitía este proceder a Pérez Molina.

Esta ausencia del mandatario fue criticada por los parlamentarios. Para Montenegro, el Presidente debió presentarse más por “obligación moral y política que jurídica”. Sin embargo, continuaron el proceso por la urgencia del caso.

El vocero presidencial, Jorge Ortega, afirmó que la decisión de la pesquisidora era predecible y que el lunes el Presidente dará una conferencia a las 10:00 horas, para hablar de lo sucedido en los últimos días. A esto añadió que la renuncia queda totalmente descartada.

La defensa del presidente

En su informe escrito el mandatario aseguró que las diligencias del antejuicio no eran procedentes y en consecuencia fuera declarado sin lugar y se archivara el expediente.

También afirmó que lo referente a la mención a el Presidente en una de las escuchas telefónicas, es una expresión imprecisa que no tendría porqué referirse a su persona.

Recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una resolución del 6 de mayo consideró que en las denuncias presentadas en su contra no se advertía indicio alguno de la comisión de delito que ameritara ser investigado.