Por no haber logrado desvirtuar Otto Fernando Pérez Molina los argumentos de convicción contenidos en la denuncia del Ministerio Público y la CICIG en su contra como supuesto líder de la red La Línea, la Comisión Pesquisidora del Congreso ha resuelto hoy -por voto unánime de sus cinco integrantes-, recomendar que el Presidente de la República sea despojado de su inmunidad y sometido a tribunales ordinarios por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Luego de escuchar la tarde de ayer los argumentos de los fiscales y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que ratificaron totalmente la denuncia, y haber analizado esta mañana el informe circunstanciado remitido por el mandatario con su abogado César Calderón –quien también hizo la defensa del funcionario durante la sesión sabatina de los pesquisidores– estos  elaboraron el dictamen que será entregado el lunes a la Dirección Legislativa para los trámites respectivos.

Abogado César Calderón. Foto José Miguel Lam

De la lectura de los antecedentes en el expediente 401-2015, se desprende que dieron absoluta credibilidad a la exposición hecha ayer por los fiscales Antonio Morales y Antulio Villatoro, y del abogado de la CICIG Luis Orozco, que incluso reprodujeron grabaciones telefónicas con voces de los implicados, como una en la que el fugitivo Juan Carlos Monzón Rojas le hablaba a Carlos Muñoz Roldán, en esos días recién nombrado titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), capturado en abril y sometido a investigación.

Demandamos a los diputados actuar con responsabilidad, reunirse ya y escuchar el clamor ciudadano que exige que Pérez enfrente a la justicia

— CACIF Noticias (@CACIFnoticias) agosto 29, 2015

Los diputados Mario Santiago Linares García, presidente (Partido Patriota-PP); Jorge Mario Barrios Falla, secretario (Libertad Democrática Renovada-Lider); Sergio Leonel Celis Navas, vocal I (Lider); Gloria María Sánchez Abascal, vocal II (PP), y Nineth Varenca Montenegro Cottom, vocal III (Encuentro por Guatemala, EG) han estado en el centro de la atención pública nacional e internacional durante más de 48 horas. Su dictamen es remitido a nombre del presidente del organismo, Luis Rabbé Tejada.

Asímismo, en su calidad de presidente de la Comisión, Linares García solicita que se convoque con urgencia a la instancia de jefes de bloque, y que esta junto con la directiva agenden de inmediato el punto de la Orden del Día de la sesión ordinaria en que el Pleno del Legislativo habrá de conocer el dictamen –que al recomendar el retiro de la inmunidad al Presidente para someterlo a la justicia ordinaria, no implica que se le esté considerando culpable o inocente de lo cargos penales, se explicó–.

Foto José Miguel Lam

Por lo tanto, para aprobar o improbar el informe de la Pesquisidora, en el Hemiciclo 105 diputados como mínimo deberán votar a favor o en contra. Entre las consideraciones de los comisionados destaca que el antejuicio contra Pérez Molina no fue promovido –por el MP y la CICIG– por razones espurias o políticas, como argumentó el Ejecutivo. Afuera del Congreso, una multitud que desde hace más de nueve horas esperaba impaciente el resultado, estalló en júbilo al ver y escucharla.

Foto José Miguel Lam

Además, en la Plaza Mayor de la Constitución aguardaba un buena cantidad de personas que igualmente evidenció su alegría y reconocimiento a la comisión de diputados que resolvió, por unanimidad, recomendar al Pleno que se despoje de la inmunidad al mandatario para que se le someta de inmediato al proceso judicial de investigación. Pérez Molina advirtió la noche del jueves que no renunciará y que sí se sometería al debido proceso como Presidente.

Los mismos delitos para Baldetti

Asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo son los mismos delitos de los que la CICIG y el MP acusan a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, capturada el viernes 21 en el Centro Médico y enviada por el juez Miguel Ángel Gálvez a una supuesta cárcel para mujeres en el cuartel general de Matamoros, zona 1 capitalina.

Pérez y Baldetti fueron señalados recientemente por la Comisión Especial contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía General, como los supuestos cabecillas de La Línea, red de defraudación aduanera enquistada en la SAT, y que tenía como jefe superior –abajo de la pareja presidencial, aunque ambos lo niegan– a Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la Vicepresidencia de la República, actual fugitivo.