Los observadores y testigos de honor informaron esta mañana que los partidos políticos que el 12 de junio firmaron el Acuerdo para un Proceso Electoral Transparente, Pacífico y Honesto, no lo cumplieron.

Ligia Ixmucané, representante de los testigos de honor, señaló que pese a la suscripción de ese pacto, se constató una creciente: “Los informes estudiados muestran la presencia reiterada de actos de violencia social y electoral tales como amenazas, agresiones, destrucción de la propiedad privada y pública, coacción y violación de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, resaltó que “conforme ha pasado el tiempo, desafortunadamente nos damos cuenta de que no se ha desarrollado un debido cumplimiento del acuerdo y se han desarrollado incidentes graves entre algunas organizaciones políticas”.

Además, los observadores y testigos también comprobaron cómo aumentó el uso de recursos judiciales que entorpecen el proceso. Esto, en relación a la incertidumbre en las inscripciones de candidaturas, las acciones contra magistrados del órgano electoral, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender las votaciones del 6 de septiembre, y la falta de respeto a las resoluciones del TSE.

Por último, evidenciaron un irrespeto a la normativa sobre financiamiento electoral, tanto en el uso de recursos de campaña como en las dudas sobre su origen.

Estos señalamientos, según un documento firmado por organizaciones e instituciones como el Procurador de Derechos Humanos (PDH), el Mirador Electoral y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), llevan a que el evento en las urnas se vea amenazado por el comportamiento partidario, la violencia y conflictividad electoral.