Los magistrados de dicha instancia consideraron en su fallo que el jefe edil podría incurrir en el delito de desobediencia, por negarse a pagar una deuda de Q11.9 millones que la municipalidad a su cargo adquirió desde 2002 con el abogado Rodrigo Enríquez Franco. Según el profesional afectado, esa alcaldía se negó a pagarle esa suma de dinero que se le adeuda por honorarios profesionales que prestó en la defensa de juicios que pesaron en contra de esa comuna de 2002 a 2004. “Además de tramitarlos proseguí en su ejecución hasta lograr una sentencia, es decir que lo que me debe me lo gané producto de mi trabajo honradamente y ahora como él se niega a pagarme promoví ese antejuicio que la Sala ha dado con lugar”, dijo el abogado. El jurista, que en su momento defendió a esa instancia, asegura que lleva 12 años “en la lucha legal” para