Alzando la voz, el abogado Mario René Cano ha advertido esta mañana que, si algo sucede a la integridad física o incluso a la vida de Ingrid Roxana Baldetti Elías en la cárcel para mujeres, de la zona 18, el juez Miguel Ángel Gálvez será el responsable por enviarla a ese sitio.

El juzgador B de Mayor Riesgo le respondió que él no está atentando de ninguna manera contra la acusada y que, por eso mismo, consideró “prudente emplazar al Sistema Penitenciario por tres días y que se hagan los trámites correspondientes para trasladarla a Santa Teresita”, con las garantías respectivas.

Como titular del despacho contralor del caso La Línea en que ella es implicada por el Ministerio Público y la CICIG como principal líder de la red con Otto Pérez Molina-, y ante el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, le dictó auto de formal prisión preventiva con fines cautelares y procesales.

Gálvez fijó al MP tres meses para agotar la averiguación –que debe terminar el 26 de noviembre- para plantear acusación formal en nueva audiencia fechada para el 8 de diciembre del presente año. Baldetti permanece detenida preventivamente eso 90 días calendario.

Uno de los abogados de la parte acusadora –el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que comparte la tarea con la fiscalía especial-, opinó que resultan insuficientes tres meses para concluir la averiguación, pero que la ley de la materia es lo que establece como máximo. Cano apoyó dicho plazo.

Matamoros… no

El juez cuestionó el cuartel de Matamoros, zona 1 capitalina, donde ha estado desde el viernes pasado en una vivienda habilitada para ella. El Ministerio de Gobernación, mediante acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial, autorizó que esa base militar sirva también de prisión preventiva para mujeres.

“Esto, a criterio del órgano jurisdiccional, viola los principios del Sistema Penitenciario sobre legalidad, igualdad y afectación mínima”, expresó Gálvez: “Lo que pasa aquí es que se está diseñando algo que no estaba creado antes de la supuesta comisión del delito, lo cual rompe el principio de legalidad”.

La arremetida verbal del defensor incluyó argumentos como que en Santa Teresita la vida de su clienta corre inminente peligro, por su condición de ex vicepresidenta, porque carece de medidas adecuadas de seguridad, y citó, además, que precisamente hoy aparecieron asesinados cinco (fueron 7) reos en El Boquerón,Cuilapa.

Al responsabilizar Cano al juzgador y al Estado si algo le sucede a Baldetti en Santa Teresita, el aludido -que lo rechazó- admitió que hay deficiencias en garantizar la vida en la cárcel, pero por eso fijó tres días al SP para que haga las adaptaciones en la preventiva de la zona 18, lo cual apoyaron los representantes del MP y la SAT.

En sus intervenciones, los abogados de la Superintendencia y la Fiscalía mencionaron que en Santa Teresita han estado recluidas personas como la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Beatriz Ofelia de León (caso Siekavizza) y la ex directora policial Marlene Blanco Lapola (ejecuciones extrajudiciales).