La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha resuelto esta tarde, por unanimidad de sus 13 magistrados, darle trámite a la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y la CICIG en contra del presidente Otto Pérez Molina, a quien se señala de ser el principal cabecilla de La Línea, red de defraudación fiscal a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El magistrado de Sala de Apelaciones, Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, participó en la sesión extraordinaria del Pleno como consecuencia de que la presidenta de la Cámara Penal, Blanca Stalling, se excusó por tener vinculación de parentezco familiar con la jueza octava, Martha Sierra de Stalling, quien conoció al principio sobre la red desarticulada el 16 de abril pasado.

El viernes pasado –horas después de la captura de su ex vicepresidenta Roxana Baldetti en el Centro Médico, donde estaba internada- el gobernante fue señalado –al igual que ella- por la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado internacional Iván Velásquez, de los delitos de caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.

Por lo tanto, la CSJ ya envió el expediente al Congreso para que proceda a integrar la Comisión Pesquisidora con cinco diputados, a seleccionar con el procedimiento de sorteo con tómbola, que a su vez y entre otros mecanismos deberán escuchar a las partes y, finalmente, emitir dictamen de si debe o no levantársele al jefe del Ejecutivo la inmunidad de que goza.

Vocero de CSJ Ángel Pineda

Se ha confirmado que el Legislativo recibió, a las 16:00 horas, el expediente remitido por la Corte Suprema, por lo cual –según se tiene conocimiento- los diputados habrían sido citados para sesionar el jueves a las 10:00 de la mañana a fin de conocer el asunto y seleccionar, de la forma mencionada, a los representantes que tendrán a su cargo la investigación del caso.

Es el segundo trámite de antejuicio evacuado por la CSJ al Legislativo, ya que en junio recibió la denuncia del legislador Amílcar de Jesús Pop Ac, de Winaq, quien el 22 de mayo denunció a Pérez Molina en el MP por asociación ilícita y encubrimiento propio, por los escándalos SAT e IGSS/Pisa, pero en el Pleno solo votaron 88 diputados a favor de retirarle la protección legal, cuando eran necesarios 105, ante lo que fue engavetado.

Por los dos escándalos guardan prisión más de 40 personas –entre exfuncionarios y particulares-, comenzando por los ex superintendentes Álvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz Roldán, así como el expresidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez López, los tres actualmente en prisión y ligados a proceso penal, incluidos familiares de Stalling y Sierra de Stalling.