El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) iba a tratar en sesión extraordinaria de esta tarde la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por el caso La Línea, pero una excusa de su vocal octavo Blanda Aída Stalling Dávila obliga a convocar a un magistrado de Sala de Apelaciones para sustituirla.

Stalling –también presidenta de la Cámara Penal- se rehusó a entrar a ventilar el asunto invocando su grado de parentezco con la jueza octavo Martha Sierra de Stalling, involucrada en el proceso desde el principio y contra quien tambien el Ministerio Público y la CICIG requirieron despojarla de la inmunidad para investigarla.

Los magistrados estuvieron reunidos por espacio de tres horas, pero a raíz de la inhibición planteada por Stalling –explicó el vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda- procederán a llamar a un magistrado de Sala de Apelaciones para que la reemplace en el Pleno, lo cual podría suceder mañana mismo o el miércoles.

Stalling Dávila, quien reasumió recientemente sus funciones luego de una ausencia de semanas con licencia laboral-, de inmediato se rehusó ante la CSJ de conocer memoriales o recursos sobre los trámites penales de La Línea (relacionada con Bufete de la Impunidad) y el conocido como IGSS-Pisa.

En cuanto al primero, es cuñada de la jueza Sierra de Stalling, quien en las primeras diligencias por la red de defraudación fiscal a la SAT otorgó medidas sustitutivas a los principales sospechosos, lo que el MP logró revertir y enviarlos a prisión provisional de nuevo.

Mediante “escuchas telefónicas”, CICIG y MP vincularon a la magistrada debido a que en una de las conversaciones interceptadas fue mencionada por el –prófugo- Luis Mendizábal -dueño de la boutique Emilio, zona 10-, como “la persona que está detrás de las fianzas…” para que fueran concedidas con rapidez.

Además, la magistrada es la madre de Otto Fernando Molina Stalling, sindicado por el MP y la Comisión en el fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por la farmacéutica Pisa de Guatemala, mediante la firma de un contrato anómalo por Q116.2 millones para dar hemodiálisis a 530 pacientes renales.