El presidente Otto Pérez descartó este sábado renunciar al cargo tras la acusación como supuesto cabecilla de una mafia de defraudación aduanera que provocó la detención de su exvicepresidenta Roxana Baldetti, informó una fuente oficial.

El vocero presidencial, Jorge Ortega, dijo a la agencia AFP que el gobernante no ha renunciado al cargo, luego de que la víspera la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que apoya la depuración judicial, presentaron los resultados de una investigación sobre una conspiración de fraude en las aduanas, que coloca a Pérez y a Baldetti como cabecillas de la red ilegal.

Baldetti fue capturada el viernes en un centro médico privado y remitida a un cuartel militar de la capital acomodado para albergar presos de alto impacto.

La ex funcionaria había renunciado al cargo el 8 de mayo al salir salpicada en el escándalo, toda vez que se suponía que el líder de la banda era su entonces secretario privado, Juan Carlos Monzón, ahora prófugo.

Contrario a la decisión del gobernante, sus ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Educación, Cynthia Del Águila, así como el Comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paíz, cercanos a cúpula empresarial, renunciaron este sábado a sus cargos al considerarse “decepcionados” por la supuesta participación de Pérez en esa estructura ilegal.

Los dos ministros, de los 14 que componen el Ejecutivo, eran los únicos que se mantenían en sus puestos desde que comenzó a gobernar Pérez el 14 de enero de 2012.

La dimisión de los tres funcionarios se da horas después que la cúpula empresarial pidiera “la renuncia inmediata” al gobernante.

“La investigación dada a conocer ayer (viernes), nos hace sentir decepcionados y consideramos que bajo los principios y valores ya no podemos continuar en nuestro puesto”, comentó De La Torre en rueda de prensa.

En tanto, Del Aguila afirmó estar “decepcionada y traicionada”, tras la acusación contra el jefe de Estado.

Pérez, un general retirado, hasta el momento ha descartado dejar el cargo por la crisis institucional y lo entregará cuando termine su mandato constitucional el 14 de enero de 2016.

Sin embargo, el gobernante no había sido vinculado oficialmente por la Fiscalía en la estructura de esta red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”, desmantelada el pasado 16 de abril.

Ante la evidencia, la Fiscalía presentó en los tribunales un pedido de antejuicio contra el gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo, por lo que renunciar al cargo implicaría su inmediata detención.

Gracias a intervenciones telefónicas, los investigadores registraron referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros.

El estallido del escándalo de corrupción en abril pasado desató manifestaciones masivas que provocaron la renuncia de Baldetti y exigen también que lo haga el gobernante.