La acusación vertida por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) con relación a que el presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti eran las cabezas de la red de defraudación aduanera denominada La Línea, refuerzan la percepción de que su gobierno conformó una estructura con el fin de saquear al Estado para su enriquecimiento personal.

La investigación de la CICIG y el MP reveló que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, y Salvador Estuardo González, expresidente de Corporación de Noticias –los líderes visibles de esta estructura– les trasladaban a Pérez Molina y a Baldetti la mitad de los sobornos que captaban en las aduanas por permitir el ingreso de contenedores mediante declaraciones subvaloradas.

Durante los últimos tres años, elPeriódico publicó múltiples reportajes en los que advertía del rápido enriquecimiento de Pérez Molina, Baldetti y Monzón Rojas, quienes estaban adquiriendo bienes que no eran justificables para sus ingresos como funcionarios.

Los salarios del Presidente y la Vicepresidenta ascienden a unos Q145 mil y Q136 mil mensuales, respectivamente; sin embargo, estos adquirieron lujosas mansiones en zonas exclusivas, chalés en las playas de Monterrico, así como fincas en Zaragoza, Chimaltenango; Los Amates, Izabal; y Tecpán, Chimaltenango; un hotel en La Antigua Guatemala y hasta un centro comercial en Estanzuela, Zacapa, los cuales están valorados en varios millones de quetzales; sin olvidar el par de helicópteros que les han inmovilizado la CICIG y el MP.

Pérez Molina y Baldetti se negaron desde el inicio de su mandato a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, bajo la excusa de que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos se los prohibía.

Los reportajes  publicados por elPeriódico siempre fueron descalificados por Pérez y Baldetti; ahora la investigación de la CICIG y el MP los confirma y los deja en evidencia.