Héctor Reyes –abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante en el proceso– señala que en ese juicio se deben comprobar los hechos de los que se acusa a Ríos Montt. Si el Tribunal determina su culpabilidad podría ordenar su reclusión en un centro psiquiátrico o dictar arresto domiciliario.

Sin embargo, Jaime Hernández –defensor del militar retirado de 89 años– expone que el juicio es exclusivamente para dictar una medida de seguridad a una persona incapaz de enfrentar un juicio. “La responsabilidad penal es personalísima, no se puede delegar a un tutor”, añadió.

La fiscal Hilda Pineda despeja las dudas y explica que se debe celebrar el juicio con todos sus pormenores, con el único cambio que el acusado es representado por un tutor, en lo único que coincide es que si se le declara culpable no puede dictarse prisión en su contra.

Héctor Reyes, de CALDH, recuerda que el guardia de seguridad privada con esquizofrenia que asesinó a una mujer en una farmacia de la capital, en julio del año pasado, fue juzgado bajo el mecanismo que hoy se propone para Ríos Montt.

El juicio para la aplicación de medidas de seguridad está contemplado en el Artículo 484 del Código Procesal Penal, y fue dispuesto para juzgar a personas con incapacidad. La norma cita que se realizará a puerta cerrada y que el acusado puede ser representado por un tutor, sus abogados o como lo disponga el Tribunal.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio, y diez días después la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso hasta la fase previa al juicio, cuyo reinicio se ha visto entrampado en varias ocasiones por recursos de la defensa y por el deterioro en la salud del acusado.