El expediente abierto por cohecho pasivo contra el juez José Luis Patán Piché -a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG implican en la red de tráfico de influencias y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)-, ha sido enviado al pesquisidor Antonio Jorge Valladares.

Valladares, vocal 1o. de la Sala Cuarta Penal de Apelaciones, fue designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para investigar a Patán, señalado de haber incurrido en delito al haber sobreseído una denuncia enderezada contra el –entonces- superintendente Carlos Enrique Muñoz Roldán, actualmente en prisión.

De acuerdo con los datos anunciados el miércoles 9 de julio en conferencia de prensa por Thelma Aldana e Iván Velásquez, jefa del Ministerio Público (MP) y titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Patán habría pedido a cambio dos plazas para familiares suyos en la SAT.

Ese día, ambos funcionarios revelaron el desmantelamiento del Caso Redes –especialmente de “influencia” al más alto nivel en estructuras del Estado para la toma de decisiones importantes-, así como la captura de funcionarios, exfuncionarios, ejecutivos de empresas (Zeta Gas, Jaguar Energy), y de personas particulares.

Entre los detenidos –relacionados por las instituciones en la investigación -están varios funcionarios y exfuncionarios de la SAT y otras dependencias públicas como Gustavo Adolfo Martínez, ex secretario general de la Presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, y el exministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares.

A Patán –en aquella ocasión juez Décimo y ahora suplente en el Tribunal de Sentencia de Izabal- lo conectaron con la red a través de César Augusto Medina Farfán y Muñoz Roldán –quien habría pagado soborno para que fuera sobreseída la causa legal en su contra como jefe de la SAT, lo que ocurrió-.

Lo que viene

Ahora el pesquisidor Antonio Jorge Valladares deberá programar las diligencias que incluirán citaciones a los fiscales de la FECI, representantes de la CICIG, al funcionario judicial y a otros implicados en el transcurso de la averiguación, tal el caso de exfuncionarios de la Presidencia, SAT y otros sectores, se dijo hoy.