El consorcio conformado por representantes de DOSES, Guatecívica, Fundación Propaz, Incep, Demos, Acción Ciudadana, Congcoop, Codefem y Renoj consideró en el IV informe que la situación que vive hoy el país relacionado con los comicios generales es atípica y preocupante. “Es un proceso con particularidades desde el momento que fueron desmanteladas redes de corrupción que involucraban a figuras de gobierno”, dijo Matilde Terraza, de Acción Ciudadana.

Carlos Sarti, director de Fundación Propaz, explicó que en este estudio, que incluye información de mayo, junio y julio, reconoció la conflictividad y violencia electoral, la falta de espacios para jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en puestos de elección popular, los casos judiciales de políticos y el financiamiento del gasto electoral como factores que ponen en riesgo el desarrollo de estas elecciones.

De acuerdo con Sarti, la crisis política institucional es “un peso enorme” que carga el proceso electoral y condiciona su dinámica en actualidad.

“Esto crea apatía porque parte de la presión social se concentra en el rechazo a la clase política, porque los mismos quieren continuar en el poder”, mencionó Alejandro Aguirre, de la coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala. “Por eso es un proceso atípico, porque no se han resuelto los problemas de fondo. Hay una crisis política en medio de un proceso electoral”, agregó.

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El IV Informe de Mirador Electoral también destacó los 14 procesos judiciales en contra de candidatos a puestos de elección popular lo cual genera incertidumbre, tanto al interior de las organizaciones políticas como en la ciudadanía, señaló Sarti, y recordó el caso contra Edgar Barquín, compañero de fórmula de Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (Lider).

En el caso de la conflictividad y violencia política Sarti mencionó que en los últimos meses aumentó la deslegitimación y cuestionamiento del sistema político, pero se renovaron con nuevos bríos las demandas ciudadanas. Este rechazo a los políticos ha ocasionado que miembros de partidos políticos sean al mismo tiempo agresores y agredidos.

Entre mayo y julio, 30 activistas políticos fueron identificados como agresores en hechos de violencia a nivel nacional y 21 fueron agredidos.