Otto Fernando Molina Stalling no pudo convencer hoy a la jueza Silvia de León para que le modificara los delitos de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias por el de caso especial de estafa, en el escándalo IGGS-Pisa por más de Q116.2 millones, suscrito por la administración de Juan de Dios Rodríguez para tratamiento de hemodiálisis a 530 pacientes renales.

Él es uno de los dos “negociadores” del contrato, por el cual –según la investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala- cobraría el 15 o 16 por ciento de la cuantiosa cantidad de dinero que pagaría el Estado. El otro “contacto” es Herberth Rodolfo García Granados Reyes, también en prisión. Ambos se comprometieron con Pisa a que el IGSS lo aprobaría.

Diecisiete son los –entonces- altos funcionarios y empleados menores –integraron la junta de licitación- aprehendidos el 20 de mayo durante una cadena de allanamientos practicada por la Policía y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en distintos departamentos de la república. Para plantear la acusación, se presentaron escuchas telefónicas grabadas el año pasado.

Si la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal hubiese aceptado hoy los argumentos del imputado en el fraude denunciado, el defensor buscaba la medida sustitutiva de libertad bajo fianza o condiciones, pero esto no ocurrió. Al contrario, Molina admitió haberse reunido con personeros de la farmacéutica para hablar de asociarse formando una empresa.

Esto último ocurrió en una cafetería, a donde llegó el gerente de ventas de Pisa, Edgar de la Peña –también capturado y ligado a proceso-, cuando él era asesor financiero de la subgerencia del Seguro Social. La idea, dijo en la audiencia de este miércoles, era analizar la forma en que –ya asociados- tuvieran oportunidad de tomar parte en otros concursos de licitación en la institución.

El hijo de la magistrada Blanca Stalling –y sobrino de la jueza Octavo Penal, Martha Sierra de Stalling, del también escándalo SAT, afirmó precisamente que ha “sido discriminado por el apellido”, pero al dictaminar Silvia de León subrayó que existen suficientes indicios para mantenerlo en prisión preventiva.