La razón de la excusa se fundamenta en que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle la inmunidad como juzgadora, producto de una solicitud de antejuicio que la Comisión Internacional  Contra la Impunidad  en Guatemala (CICIG) planteó en su contra.

A criterio de la jueza, “no puede conocer nada que tenga que ver con la CICIG, debido a que existen impedimentos legales que se lo prohíben”.

Ayer, Flores Polanco tenía asignados cinco expedientes. Uno de ellos trataba sobre la audiencia con los implicados en un caso de ejecución extrajudicial, en el que se involucra a la ex viceministra de gobernación Marlene Blanco Lapola.

Asimismo, la juzgadora tenía programada  la audiencia de apertura a juicio en contra de Haroldo Mendoza Matta, señalado de dirigir la estructura criminal conocida como Los Mendoza, la que inició por unos minutos para luego dar la noticia de que no continuaría con la misma por el supuesto impedimento.

“Los honorables magistrados de la CSJ decidieron quitarme la inmunidad, la juzgadora tiene impedimento legal en seguir conociendo la causa antes señalada, por lo tanto, yo me excuso de conocer …”, dijo

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio deberá determinar si acepta y traslada los casos al Juzgado B de Mayor Riesgo, o si no acepta la excusa de Flores Polanco.

Busca amparo en la CC

Carol Patricia Flores presentó el lunes un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los magistrados de la CSJ, ya que según la juzgadora se violaron sus derechos al  tramitar al antejuicio.

El 30 de julio, la CSJ decidió apoyar la solicitud de la CICIG de retirarle la inmunidad, basada en una denuncia interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la que señala a Flores Polanco de los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El MP y la CICIG consideraron, al solicitar la investigación relacionada con la jueza, que su vivienda –ubicada en Residenciales Entre Bosques, Santa Catarina Pinula– sobrepasa el poder adquisitivo de un juez de Primera Instancia. También, pudo haber incurrido en otro delito por no actualizar su Declaración Jurada Patrimonial, en más de 15 años, ocultando de esa manera el incremento de sus bienes.

El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, calificó como correcta la decisión de la jueza, ya que “los jueces están obligados a resolver de manera imparcial”.