Tras una investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Policía ha capturado hoy en el edificio central del Ministerio Público al agente fiscal José Israel Maldonado Castillo, a quien vinculan con Francisco Edgar (Chico Dólar) Morales Guerra, sindicado en el caso Lavado y Política del financiamiento electoral ilícito a candidatos y partidos.

 

 

La orden de aprehensión dictada por el Juzgado B de Mayor Riesgo, adjudica al funcionario el delito de obstrucción a la justicia en beneficio del empresario jutiapaneco, debido a que en 2011 desestimó de forma parcial una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial –de la Superintendencia de Bancos- en contra de este por transacciones sospechosas de fondos.

 

 

La detención del nuevo implicado se produjo hoy martes, a cuatro años de distancia de que la IVE reportó a la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero lo descubierto en los movimientos financieros de Morales Guerra, pero Maldonado Castillo no contaba con que el MP y la CICIG habían retomado la averiguación dentro de las conexiones del expediente Lavado y Política.

 

 

De lo conocido hoy se infiere que el agente fiscal:

 

 

< Desestimó parcialmente el caso reportado por la IVE, con lo que incumplió el Artículo 310 del Código Procesal Penal, el cual ordena que para tal tipo de decisión en delitos tipificados como graves es condición contar con una autorización de juez.

 

 

< Solo practicó diligencias de investigación que finalmente favorecieran a “Chico Dólar”, y en especial solicitadas por el defensor Javier Villatoro López –ahora también en prisión-.

 

 

< La averiguación del MP y la CICIG descubrió -por escuchas telefónicas- que Morales Guerra habló con su abogado y la ejecutiva bancaria Silvia Guevara Prado acerca del “arreglo” hecho en la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero para desestimar la acusación.

 

 

< En el allanamiento a la casa de “Chico Dólar” el día de la captura –miércoles 15 de julio-, las autoridades decomisaron el documento oficial del desestimiento, cuando debía haber estado en el expediente guardado en el Ministerio Público.

 

 

Antecedentes

 

 

Miguel Ángel Gálvez, Juez B de Mayor Riesgo, ligó a proceso el 18 de julio a los primeros 11 detenidos por la red denominada Lavado y Política, y al mismo tiempo solicitó procedimiento de antejuicio contra dos diputados y el candidato vicepresidencial de Lider:

 

 

01 – Francisco Edgar Chico Dólar Morales Guerra – Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo.

 

 

02 – Héctor Vicente Reyes – Asociación ilícita, falsificación de documentos privados, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria.

 

 

03 – Silvia Antonieta Guevara Prado – Asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial.

 

 

04 – Rudy Estuardo Martínez Orellana – Asociación ilícita, falsificación de documentos privados, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria.

 

 

O5 – Edgar Leonel Guerra Pérez – Asociación ilícita, lavado de dinero.

 

 

06 – Dain Alfredo Orellana – Asociación ilícita,  lavado de dinero.

 

 

07 – Marco Tulio Morales Guerra – Asociación ilícita, lavado de dinero.

 

 

08 – Javier Villatoro López – Asociación ilícita, cohecho activo.

 

 

09 – Lesvia Catalina Martínez Monroy – Falsificación de documentos privados.

 

 

10 – Mynor Leonel Morales Monterroso – Cohecho pasivo.

 

 

11 – Maximino Gómez Serrano – Asociación ilícita, cohecho activo.

 

 

 

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad pidió ese mismo día a la Corte Suprema de Justicia antejuicios contra el vicepresidenciable de Lider, Edgar Baltazar Barquín Durán, y los diputados del mismo partido Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza.

 

 

A los congresistas Barquín y Martínez los señalan de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilegal, y al otro Barquín por asociación ilícita y tráfico de influencias. Los tres políticos han rechazado los señalamientos de la CICIG y el MP.

 

 

Mediante “escuchas telefónicas” y documentación confiscada, sumados al testimonio de Chico DólarMorales Guerra en el juzgado, la FECI y la CICIG relacionan a los tres políticos con financiamiento electoral ilegal en el proceso 2011.

 

 

Los fiscales detallaron la forma en que se trianguló dinero ese año para financiar política y electoralmente las campañas de la Gran Alianza Nacional (Gana), Libertad Democrática Renovada (Lider), y el Partido Patriota (PP, ahora en el poder).

 

 

El lunes 3 de agosto en curso, la CSJ por votación unánime de sus magistrados resolvió dar trámite a las peticiones de antejuicio contra los hermanos Barquín y Martínez Lohayza, incluso designando al juez pesquisidor.