El Tribunal B de Mayor Riesgo fue designado para llevar a cabo el debate, si así es ordenado, contra los implicados en la red dedicada a la defraudación fiscal conocida como La Línea. Sin embargo, esa judicatura tiene llena la agenda hasta marzo de 2018.

De llegar el expediente judicial al Tribunal de Alto Impacto –integrado por Irma Jeannette Valdés, María Eugenia Castellanos y Sara Yoc Yoc– tendría que permanecer en la lista de espera, pues delante de este existen 30 casos más.

El Tribunal B de Mayor Riesgo conocerá causas judiciales contra narcotraficantes y pandilleros en los siguientes meses y años. Además, en sus manos está el destino del juicio por genocidio contra el exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó el 10 de junio pasado la creación del Juzgado y Tribunal C de Mayor Riesgo, los cuales podrían ser la solución a la recarga de trabajo de las actuales judicaturas de Alto Impacto.

Delia Dávila, presidenta interina de la Cámara Penal de la CSJ, explicó que los casos que fueron designados al Tribunal B de Mayor Riesgo, y que aún no han sido conocidos, podrían ser trasladados al del grupo C, por medio de un acuerdo institucional.

La magistrada explicó que los integrantes de las nuevas judicaturas todavía no han sido electos, ya que serán designados a través de un proceso coordinado por el Consejo de la Carrera Judicial.

Las nuevas judicaturas empezarán a funcionar en octubre de este año, según Dávila.

La antesala del juicio

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, programó para esta semana, la apertura a juicio contra 24 de los 28 implicados en el caso La Línea, en esta fase resolverá si ellos deben enfrentar un debate oral y público.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llegarán a esta audiencia con los medios de prueba que presentaron durante la primera declaración y nuevas evidencias halladas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y en las residencias de los implicados.

Entre las pruebas claves, según personas cercanas al caso, estarán los documentos físicos y los archivos digitales hallados en la computadora de Salvador Estuardo González, alias Eco.

El MP y la CICIG señalan a González de ser el coordinador de La Línea y el enlace entre los demás miembros de la red y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y presunto líder de la estructura delincuencial.

En vísperas de la nueva etapa judicial contra La Línea, queda una interrogante: ¿Serán reveladas nuevas menciones o indicios contra la Señora, la Dos, el Presidente o el Mero Mero?

Los delitos

El MP y la CICIG expondrán la acusación formal contra 24 sindicados de participar en esta estructura dedicada al cobro de sobornos en las aduanas. Los implicados, entre ellos Carlos Muñoz y Omar Franco, extitulares de la SAT, enfrentan los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.