“Hay una serie de argucias en el contrato que hay que leer entre líneas”, expresó Mencos, mientras compartían información con el diputado de la bancada Winaq Amílcar Pop y representantes de los dos sindicatos de trabajadores de EPQ, quienes solicitaron la cancelación del usufructo.

Pop dijo que es importante unificar criterios, además de realizar una visita  de campo para determinar las irregularidades del contrato.

Negocio cuestionado

Hace tres años el gobierno, bajo la figura de usufructo, otorgó un contrato por un periodo de 25 años con derecho de prórroga y más de 348 mil metros cuadrados de terreno de EPQ a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona, quien construirá un muelle y una terminal.

Aunque la Procuraduría General de la Nación (PGN), según Pérez Molina, declaró que no existe ilegalidad en la firma del contrato de usufructo, el Contralor expresó que esta no ve el daño económico como para declararlo lesivo. “Habrá que revisar las variables que calificó la Procuraduría para decretarlo no lesivo” afirmó Mencos.