La organización Acción Ciudadana (AC) declaró ayer que solicitará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que examine la papelería de los candidatos señalados por falta de capacidad, idoneidad y honradez, con el objetivo de que se acate lo establecido en el Artículo 113 de la Constitución.

En caso de que el pleno de magistrados del TSE no acceda a depurar la lista final de personas inscritas –cerrada el viernes con 25 mil 368 nombres–, AC emprenderá acciones legales, aseguró Óscar Morales, abogado de la agrupación.

“Agotaremos la vía hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que debiera poner un precedente sobre este tema durante estas elecciones”, indicó Morales.

Eddie Cux, otro jurista de esta agrupación, señaló que fueron identificados varios casos en los que se inscribió a personas no idóneas.

Cux presentó como ejemplos a Mario Mencho, exalcalde de Cajolá, removido del cargo por abandono de funciones y con denuncias penales, hoy candidato por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider); y Carlos Bautista, aspirante a la alcaldía de San Pedro Sacatepéquez por este mismo partido, con denuncias por malversación.

La solicitud se formula a falta de un mes de la primera vuelta de las elecciones prevista para el 6 de septiembre, y con las papeletas a punto de  imprimirse.

elPeriódico consultó a la magistrada María Eugenia Mijangos sobre la posibilidad de revocar una candidatura en estos momentos, con el proceso electoral tan avanzado, pero bajo el argumento de no poder adelantar criterio, solo respondió que el pleno de magistrados analizaría el tema en caso de que se presentara la solicitud correspondiente.

Antejuicio contra diputados

Morales recordó que el 6 de julio pasado, José Ángel Lee, un particular asesorado por AC, planteó una solicitud de antejuicio en contra de los 158 diputados del Congreso, “en virtud de que no se ha cumplido con las obligaciones constitucionales que se establecen en el Artículo 171”. Este precepto legal especifica las 13 atribuciones que deben cumplir los congresistas durante su periodo.

La acción se presentó en el centro de gestión penal de la Torre de Tribunales, que la trasladó al Juzgado Pluripersonal de Paz Penal. Sin embargo, 22 días después el órgano jurisdiccional elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en manos de la cual descansa ahora la decisión de dar trámite o no a este antejuicio.

“Esto debió de ser enviado a la CSJ en 72 horas a lo sumo. Esperaríamos que la Corte tarde menos en conocerlo y nos dé una resolución pronta”, indicó.

Lo que dice la ley

El Artículo 113 señala que “los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos, y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.