El vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) Edgar Barquín Durán, será sujeto de las pesquisas preliminares a cargo del magistrado Freedyn Fernández Ortiz, quien determinará si hay suficientes elementos para abrir una causa penal en su contra por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso que Fernández, presidente de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, sea juez pesquisidor del expediente que también involucra a los diputados Manuel Barquín y Martínez Lohayza. El magistrado deberá realizar las investigaciones preliminares sobre la posible colaboración de los tres miembros de Lider con la estructura de lavado de dinero liderada por Francisco Morales, alias Chico Dólar. Luego de un plazo de 60 días tiene que trasladar un informe a la CSJ, en el que recomiende si debe o no retirárseles la inmunidad.

 

Asimismo, la CSJ designó juez pesquisidor para que determine si es o no procedente retirarle la inmunidad al diputado Mario Rivera Cabrera, también integrante de Lider.

 

La CSJ nombró a Jaime Amílcar González Dávila, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, como encargado de las pesquisas iniciales contra el diputado Rivera.

 

En la jornada también dio trámite a las solicitudes de antejuicio contra el presidenciable de la coalición Compromiso, Renovación y Orden (Creo)-Unionista,  Roberto González Díaz-Durán, así como del juez José Luis Patán Piché.

 

El viernes pasado, diferentes organizaciones sociales solicitaron por escrito a la CSJ que de manera urgente conociera los antejuicios contra los políticos. El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, en una entrevista a elPeriódico, exhortó a los funcionarios judiciales aplicar el “deber de la ingratitud”, es decir, a olvidarse de quienes los ayudaron a alcanzar sus puestos.

 

La inmunidad de los señalados está en manos de los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones designados por una alianza entre Lider y el Partido Patriota. Ayer la CSJ dio el primero de los pasos que marca el proceso para el trámite de los antejuicios.

 

LOS SEÑALAMIENTOS

 

El Ministerio Público (MP) y la CICIG presentaron las solicitudes de antejuicio contra los cuatro miembros del partido rojo a mediados de julio.

 

Los hermanos Barquín y Martínez Lohayza son señalados de colaborar con una red delincuencial dedicada al lavado de dinero, liderada por Chico Dólar. Según las investigaciones, esa misma agrupación financió la campaña política de los denunciados.

 

El MP y la CICIG cuentan con una serie de llamadas interceptadas, en las cuales los Barquín y Martínez Lohayza se comunican con Chico Dólar. Con esas escuchas telefónicas, la Fiscalía pretende demostrar la colaboración de los políticos con la estructura de blanqueo de activos. Por este caso, denominado Lavado y Política, los tres integrantes de Lider podrían enfrentar los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

 

Martínez Lohayza afirmó que “no tiene ninguna opinión sobre el fallo –de la CSJ-”. El congresista no descartó presentar alguna acción legal para detener el proceso. Además aseguró, que cuenta con pruebas para defenderse. elPeriódico llamó a los teléfonos celulares de los hermanos Barquín para conocer su opinión, pero no respondieron las llamadas.

 

En tanto, Rivera es sindicado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues se presume es propietario de cinco viviendas lujosas. Una de estas está ubicada en Puerto San José, Escuintla, y está valorada en no menos de US$450 mil. Además, de otra situada en el municipio de Iztapa, del mismo departamento, que podría tener un precio de US$5 millones.  elPeriódico también buscó la postura de Rivera, pero no contestó las llamadas.

 

 

PUEDEN PARTICIPAR

 

El constitucionalista Gabriel Orellana opinó que el trámite del antejuicio contra los candidatos –en este caso a la presidencia (González), vicepresidencia (Barquín)– no supone obstáculo alguno para que participen en la contienda electoral o tomar posesión de su cargo.

 

“No existe ninguna norma que establezca que un candidato en el proceso de antejuicio quede privado de su participación política. Entonces, prevalece el principio de inocencia… además, un proceso de esa naturaleza puede pasar años en los tribunales, tanto, que hasta podría terminar su periodo por el cual fue electo y aún no se tiene sentencia”, dijo el jurista.

 

En el caso de los diputados resaltó que no existe distinción alguna respecto a las inmunidades por el cargo y por la candidatura. De cumplirse con la ley y que los jueces no tengan obstáculos o “influencias” para actuar, los diputados podrían ser separados de su cargo en cualquier momento para ser llevados ante un juzgador.

 

Para Marta Altolaguirre, del Centro para la Defensa de la Constitución  (Cedecón), el país atraviesa un momento crucial en el que se fijará la credibilidad de la ciudadanía a la CSJ si actúa sin injerencias externas y apegados a ley dentro de los plazos correctos, para evitar la elección de personas señaladas.

 

“Pasamos una situación que dependemos de la voluntad que tenga la CSJ y el TSE porque son los dos órganos que pueden tomar decisiones apegadas a Derecho, en un plazo suficiente para que tenga efectos antes de las elecciones, para librarnos de esos candidatos que seguramente seguirán actuando dentro del marco de corrupción”, puntualizó.

 

PRESIDENCIABLE DE CREO-UNIONISTA

 

La Corte Suprema de Justicia también dio trámite a la solicitud de antejuicio contra Roberto González, candidato presidencial de la coalición Compromiso, Renovación y Orden (Creo)–Unionista. El aspirante es señalado de tráfico de influencias en una causa judicial contra el sobrino de su esposa, señalado de agresión sexual. Esa acción legal fue promovida por la madre y abuela de la víctima. elPeriódico intentó obtener una opinión de González, pero no respondió a las llamadas. El presidenciable emitió un comunicado en el que a título personal expone que los señalamientos responden a “intereses políticos” y basados en “mentira”. Además enfatiza que es una causa ajena a él y que “nada tiene que ver con los procesos iniciados por la CICIG”.

 

Las pesquisas preliminares para establecer si procede o no retirarle la inmunidad están a cargo del magistrado vocal segundo de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Eduardo Galván Casasola.

 

Luz verde a antejuicio contra juez Patán

 

> La CSJ también dio trámite a la solicitud de antejuicio contra el juez José Luis Patán, implicado en el conocido caso Redes. El juzgador es señalado de cerrar un proceso contra Carlos Muñoz, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a cambio de plazas laborales para sus familiares dentro de esa institución.

 

 

“Dependemos de la voluntad que tenga la CSJ y el TSE porque son los dos órganos que pueden tomar decisiones apegadas a Derecho, en un plazo suficiente para librarnos de esos candidatos que seguramente seguirán actuando dentro del marco de corrupción”.

 

Marta Altolaguirre, Cedecón.

 

 

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Integrantes de Lider enfrentan denuncias por casos de corrupción.

 

 

 

 

Sesenta días para presentar informe

Cuatro miembros del partido Lider, entre ellos el vicepresidenciable Edgar Barquín, así como el presidenciable de Creo-Unionista Roberto González Díaz Durán, enfrentan proceso de antejuicio