Según versión de los comunitarios, los automotores iban custodiados por un contingente de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar el libre tránsito de los mismos hacia la mina El Tambor.   Al observar esta situación, decenas de lugareños se apostaron en la entrada principal a la comunidad para evitar el paso de otros camiones.   Delegados de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) se presentaron al lugar para garantizar que no se cometiera ningún vejamen contra los pobladores por parte de las fuerzas de seguridad.   Alrededor de las 11:10 horas, el juez de Paz Penal Marvin Leonel Boza-Reyes acudió al lugar del conflicto y ordenó retirar el bloqueo. A decir del juzgador,  se estaba violando el derecho de locomoción.   Maribel Diéguez, asesora del proyecto en discordia, aseguró que los pobladores obstruyeron el paso de los vehículos y trabajadores de manera ilegal.