Según un informe de auditoría solicitado por el Consejo Directivo de Fontierras, se encontró que 14 parcelas entregadas en las aldeas Boca Ancha y Pueblo Nuevo, en Izabal, fueron escrituradas de manera irregular y entregadas durante el actual gobierno, seis de estas vendidas posteriormente al mandatario.

Ayer, luego de juramentar al nuevo Comisionado de Transparencia, Pérez ofreció responder solo tres preguntas a los reporteros. Cuestionado sobre por qué su abogado Luis Montiel Dávila había representado a uno de los compradores ante Fontierras y sobre las denuncias que se hicieron ante el Ministerio Público por las anomalías detectadas, evitó hablar en concreto.

“Hay medias verdades que se dicen y no sé cuál es la intención de eso, ese terreno tengo 25 años que lo adquirí, eso fue en 1989, fue la primera parte que adquirí después de eso con el transcurrir del tiempo se acercaron algunas personas con la intención de vender lo que ellos tenían en posesión… no hay nada escondido, no sé cuál es la intención de estar levantando una cuestión en la cual yo lo he dicho abiertamente, si he tenido ese terreno, he tenido un terreno que yo he ido comprando otras partes, lo tengo hace 25 años, no hay absolutamente nada oculto, no hay nada escondido…”, manifestó Pérez Molina.

El mandatario no explicó por qué los procedimiento se hicieron en pocos meses y si hubo tráfico de influencias para acelerar las entregas. Ofreció dar las explicaciones si se quería investigar más sobre el tema. Al cierre de la edición, la Secretaría de Comunicación no había respondido la solicitud hecha para ampliar las declaraciones.