Usted es el centro de conversaciones y apoyos en redes sociales en los últimos días. ¿Cómo se siente?

 

– Siento que se ha hecho una labor importante y eso es lo que se ha reconocido desde antes. Talvez ahora haya una mayor expresión pública. Eso es el reconocimiento de la gestión que viene adelantando la Comisión.

 

El apoyo se incrementó luego de las declaraciones del presidenciable de Lider Manuel Baldizón, puntero en las encuestas, sobre la continuidad de la CICIG pero sin Iván Velásquez. ¿Cómo recibió esas declaraciones?

 

– Me parece que es una decisión que corresponde al futuro presidente, también inclusive sobre la continuidad de la Comisión. Que busque o solicite a Naciones Unidas el relevo del Comisionado, ya serán esas instancias las que definan.

 

¿Usted lo toma como un ataque, una amenaza, por tocar al partido al que pertenece?

 

– En esto hay una confusión grande de parte de él y de muchas otras personas. Consideran que las investigaciones son por motivos personales o que estén dirigidas por algún interés distinto a los hechos delictivos que se van verificando. Podría ser que en un estado de impunidad tan generalizado como el de acá, cualquier acción o resultado positivo en investigaciones se cataloga por algunas personas como persecución y entonces buscan a quién responsabilizar. Dicen: “muy bien la actividad de la Comisión”, “se respalda”, “es necesaria para el país”, pero no la persona que la coordina. Y la persona que la coordina no es precisamente quien ha hecho las investigaciones. Las pesquisas las han hecho abogados, investigadores, analistas. Entonces, es centrar en una persona, atribuir la responsabilidad a quien da la noticia.

 

En septiembre inician los dos años de prórroga. ¿Usted continuará?

 

– Ya hay una advertencia, no más después del 14 de enero si resulta presidente Manuel Baldizón. Lo que se tiene que fortalecer es la Comisión como una institución que tiene proyectos, que logró con el plan de trabajo anterior de indicar unas líneas fundamentales de investigación y una actuación en diversos órdenes, los informes temáticos, las propuestas de reformas legislativas, ese proyecto frustrado del diálogo nacional por la reforma del sector justicia. Todo esto era trabajo que se había programado desde el plan que se rediseñó en enero de 2014. Ahora también estamos elaborando un plan para los próximos dos años. ¿Continúo hasta cuándo?, esos son hechos futuros que nadie puede precisar. Pero más que la presencia personal de un Comisionado, lo que se busca es fortalecer la acción de este grupo de apoyo a las instituciones de Guatemala.

 

¿El Presidente puede influir ante Naciones Unidas sobre el nombramiento del jefe de la CICIG?

 

– Hay un poder que tiene siempre el Presidente de la República como también tiene esa facultad el Secretario General de Naciones Unidas y es definir cuándo no va a continuar la Comisión de acuerdo con el convenio suscrito con Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. O el secretario de Naciones Unidas puede comunicarle a la otra parte su decisión de que no continúe la Comisión. Si está esa facultad de definir en cualquier tiempo sobre la permanencia de la Comisión –no está previsto en el acuerdo, pero podría decirse que la forma normal como deben suceder las cosas en las relaciones internacionales, y más entre Naciones Unidas y un Estado– es que se pida una especie de beneplácito o no objeción a la presencia del Comisionado. ¿Qué significa eso? Que si en una eventualidad como la que se ha planteado ahora, el Presidente le pide al Secretario de la ONU que reconsidere la permanencia del director de la Comisión serán conversaciones que se establezcan entre ellos, no sé con qué grado de incidencia ni contundencia. En todo caso, la respuesta, esos son temas ajenos y yo estoy aquí para prestar un servicio hasta para cuando sea posible.

 

¿Usted quiere quedarse dos años más?

 

– Existe la posibilidad de quedarme un tiempo más. O puede ser de tres meses, seis meses, que en septiembre de 2016 diga ya es suficiente.

 

Se percibe que hay una campaña de desprestigio en su contra. Eso ya pasó en Colombia cuando hizo sus investigaciones sobre la parapolítica. ¿Ve alguna similitud?

 

– Tengo experiencia en el sector justicia de Colombia desde 1991. En 1992 tuve unas investigaciones en Antioquia que tenían que ver con la utilización de recursos por partidos políticos y cuando era respecto de un partido, ese partido decía que era porque yo era el procurador de Antioquia, que pertenece al partido contrario; cuando hacía la investigación de ese grupo contrario, ellos decían que era porque representaba intereses de un tercer partido, y así. Funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe se reunieron con abogados de paramilitares para ver cómo lograban hacer cosas en contra mía. El próximo 3 de agosto se imputará en Colombia a dos funcionarios por el caso conocido como la Casa de Nari por Casa de Nariño, porque así le llamaban los paramilitares a la casa de Gobierno. En toda la investigación de la parapolítica, creo que tuve cuatro o cinco montajes directos: creaban situaciones para tratar de generar dificultades en los procesos de investigación.

 

¿Eso podría repetirse en Guatemala?

 

– Estoy preparado para cualquier cosa.

 

Acá se hace la misma pregunta: ¿Por qué sí se investiga a unos partidos y no a otros?

 

– Un problema que está en medio de todo esto es la gran volatilidad en la pertenencia a los partidos políticos en Guatemala. Que haya siete de un mismo partido con solicitud de antejuicio, ahora, cuando fueron elegidos no eran de ese partido mayoritariamente. Los hechos que se le atribuyen al señor Jaime Martínez Lohayza y a Manuel Barquín no tenían que ver con el partido al que pertenecen actualmente. El expresidente del Banco de Guatemala (Édgar Barquín) entonces no tenía participación política que se supiera. Algunos de los señalados estuvieron quizá dos años en la Unidad Nacional de la Esperanza. Si se tratara de partidos con una pertenencia constante sin estas actividades de paso tan frecuentes podría pensarse de manera distinta. Hay mucha información que tenemos de muchas personas, investigaciones que se están haciendo de muchas personas por varios peritos. Hemos tratado de establecer pruebas mucho más fuertes para presentar los casos ante los jueces y se ha logrado respecto de los casos que se han presentado. También si hay quienes tienen posibilidad de colaborarnos con la investigación para suministrarnos informes, documentos que puedan vincular a otras personas, de cualquier grupo político. El partido no es el problema, sino la investigación de hechos delictivos en los que se encuentran comprometidos guatemaltecos que circunstancialmente están en un partido y que están en campaña electoral. En muchos casos yo ni siquiera sé a qué partido pertenecen los sindicados. Eso no está en la mente de nosotros. Estamos frente a un hecho que no pasó cuando el Ministro de Desarrollo denunció a tres diputados del partido Lider y la Comisión junto al MP formuló antejuicios, el partido dijo “que se defiendan”, “quedan temporalmente suspendidos”, entre otros. Aquí en una situación que es muy grave, porque se trata de un gran lavador de dinero que tiene una organización muy establecida en un departamento de Guatemala con ramificaciones en otras partes y que a medida que se avance la investigación se van encontrando otras situaciones, que ese señor tiene una protección, porque eso no es ni siquiera por interpretación, son las conversaciones específicas que tienen esas personas, no hay que deducir nada. En esa circunstancia, ya no es que cada uno se defienda y que asuma su responsabilidad, que demuestre su inocencia o que no es cierta la acusación que se formula en su contra, sino que ya varía y dicen: “Esto es una persecución”, “es por acabar con el partido”, “aquí se está cumpliendo con una agenda política”.

 

Con esas conversaciones tan contundentes ¿Qué espera del Poder Judicial?

 

– Yo espero que resuelva jurídicamente lo que está sometido a su consideración. Que si esas conversaciones que se presentaron al Poder Judicial no significan nada, que rechacen el antejuicio. Si significan algo, que le den trámite. Eso es lo que uno espera siempre, que las decisiones estén determinadas por valoraciones jurídicas reales no fabricadas, sino que obedecen a la reflexión, al análisis, al examen jurídico de una situación.

 

¿Cómo ve el comunicado de la Corte Suprema de Justicia en el que exponen que no admitirán injerencias de ningún sector nacional o internacional?

 

– Me parece que hay que respetar la independencia judicial naturalmente. Han atribuido que ese es un comunicado respuesta por un mensaje en Twitter en el que simplemente decía: “Poco servirán al país los esfuerzos que CICIG y MP hacen para combatir la corrupción, si el OJ no asume su responsabilidad histórica”. ¿Cuál es su responsabilidad histórica? La prevista en la Constitución y en las leyes. Aquí cuando se hace alusión a la responsabilidad, es para destacar que Guatemala está en un momento trascendental, en todo sentido: el despertar ciudadano, las reacciones de rechazo a la corrupción, a otros factores que no voy a mencionar pero que la sociedad ha venido señalando, de la necesidad de reformas en muchos aspectos. Es decir, al OJ y todas la autoridades, las circunstancias de hoy imponen que se sumen a esta cruzada de la lucha contra la corrupción. Que esta afirmación signifique una injerencia indebida, me parece sorprendente. Y respaldo que no haya intervenciones indebidas frente a la actividad de los órganos de justicia que deben ser independientes. Por eso fue nuestra actividad frente a las comisiones de postulación el año pasado y que es indispensable para el país que piense con seriedad y prontitud en la reforma de la ampliación de la carrera judicial.

 

Los magistrados tienen en sus manos antejuicios contra miembros de uno de los dos partidos de la alianza que los designó. ¿Es posible que sean independientes?

 

– Claro que se puede ser independiente. Conocí la frase de hace tiempos y me parece que revela exactamente la responsabilidad de los servidores públicos: “el deber de ingratitud”. Claro que fueron elegidos por los partidos políticos que públicamente dijeron que habían llegado a una alianza para elegir cortes, pero cuando una persona es elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia o las Cortes de Apelaciones, en el momento en que toma posesión tiene el deber de olvidarse quién le ayudó a llegar, porque ahora el deber es cumplir con sus funciones dentro del ordenamiento jurídico. Ahí no hay política, no hay intereses, no hay favorecimientos que se puedan otorgar. Que se generen sospechas es natural porque unas personas son elegidas claramente por otras personas que tienen intereses, pero esa persona elegida no puede ceder.

 

Los indicios que activaron la investigación contra la ex Vicepresidenta son muy similares a las menciones al Presidente en las escuchas telefónicas, reuniones, nombramientos. ¿Accionarán contra el mandatario?

 

– Estamos en un proceso de investigación que, como he insistido, en el momento en que se tenga prueba que permita presentar el caso judicialmente, se procederá a presentarlo. La CICIG, que es un órgano externo que no tiene nexos con sectores del país, no toma decisiones por consideraciones distintas a las estrictamente jurídicas y dentro del marco probatorio.

 

Se rumora de un acuerdo para que a la ex Vicepresidenta no se le persiga en Guatemala, sino que será extraditada.

 

– No sé qué acuerdos. Por lo menos, si en medio de eso está mencionada la CICIG, eso es falso. No he conocido de ninguna, ni ahora ni antes, esto va unido a otra de esas cosas que se rumora como que la CICIG atiende las instrucciones de la Embajada de Estados Unidos. Eso no es cierto. La comunidad internacional ha expresado públicamente, y algunos países con mayor contundencia, que es necesario que se luche frontalmente contra la corrupción y eso lo han dicho por ejemplo el embajador de Alemania y el de Estados Unidos. Y la CICIG está empeñada con el MP en esa lucha contra la corrupción. No. No hemos recibido ninguna indicación ni de Estados Unidos ni de ningún país que contribuye con la Comisión, hay una real independencia en ese sentido.

 

¿Considera que la ex Vicepresidenta debiera enfrentar en Guatemala los procesos que se deriven de las pesquisas en curso?

 

– Hay una discusión podría decirse académico-política acerca de qué resulta mejor para un país: fortalecer sus instituciones de manera que investigue y juzgue a sus nacionales dentro de ese país o que se tenga como único recurso el envío de esa persona vía de la extradición. La aspiración de todo país debe ser poder juzgar internamente sin que eso excluya la cooperación, que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional.

 

Con los casos de corrupción evidentes en los tres poderes del Estado, ¿cuán cooptado está el país por las estructuras criminales?

 

– Creo que se debe pensar y actuar con mucha decisión para frenar la penetración del crimen organizado. Que lo que vemos pareciera, como decía el presidente de Transparencia Internacional, una corrupción estructural en Guatemala debe ser motivo de preocupación y de decisión. No es el tema de la corrupción vinculada a un gobierno o a un sector, es una corrupción que está realmente muy extendida en el país. Y eso va muy aparejado a la posibilidad que tiene el crimen organizado mucho más en el interior, lo tiene aquí en la capital, pero mucho más allá porque hay menos ojos desde la capital o de los que podrían actuar en la represión de esos comportamientos que también se han ido extendiendo y que han ido ocupando territorios, cooptando administraciones; y que si Guatemala quiere salir adelante en la construcción del Estado de Derecho tiene que poner bastante cuidado en eso.

 

 

 

Resta importancia a declaraciones

 

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo en entrevista con la cadena de noticias CNN en español, que las declaraciones del presidenciable Manuel Baldizón en su contra son la reacción común entre las personas que resultan afectadas por las investigaciones realizadas por ese ente internacional.

 

“Las personas afectadas en lugar de asumir la defensa, cuestionan al investigador. Estoy acostumbrado a eso”, subrayó Velásquez, quien dijo que son actitudes de los sindicados a las que ya se ha enfrentado durante sus 24 años de carrera en investigaciones.

 

El Comisionado resaltó que en el Congreso ya está presentado un proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos el cual, ya ampliamente consensuado, supone una de las respuestas a las demandas para responder a la crisis actual que vive el país.

 

En Twitter y Facebook

 

Trinos de apoyo

 

El respaldo hacia el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, se evidenció luego de que el presidenciable de Lider Manuel Baldizón rechazó y cuestionó a su gestión durante una entrevista a la cadena CNN en Español.