La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las solicitudes de antejuicio contra cinco diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider),  según reveló un magistrado.

La resolución fue dictada por unanimidad ayer durante la reunión del pleno, en la que se conocieron 11 antejuicios contra funcionarios, según informó en conferencia de prensa Josué Felipe Baquiax, presidente de la CSJ.

Los congresistas Manuel Barquín y Jaime Martínez deberán enfrentar las pesquisas de los jueces designados por la CSJ, debido a su posible vinculación con una red de lavado de dinero dirigida por Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Según investigaciones, Morales aportó Q1.4 millones a las campañas de ambos en 2011.

También deberán someterse a las pesquisas preliminares los parlamentarios Mirza Arreaga, Luis Adolfo Chávez y Mario Yanes Guerra, señalados de negociar contratos para empresas afines a ellos, así como por intentar beneficiarse con plazas fantasma en el Ministerio de Desarrollo Social. Esas acciones fueron grabadas en video por el titular de esa cartera, Leonel Rodríguez.

Las solicitudes de antejuicio fueron planteadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en las últimas semanas.

En la reunión no se conocieron las solicitudes para retirarle la inmunidad a Edgar Barquín, vicepresidenciable de Lider, señalado de colaborar con la estructura de Chico Dólar ni la de Mario Rivera, diputado de ese partido político, sindicado de enriquecimiento ilícito, según se dio a conocer a elPeriódico.

La CSJ también resolvió rechazar la solicitud de antejuicio interpuesta contra la fiscal general Thelma Aldana. La acción legal en su contra fue presentada por Lider, debido a varios allanamientos realizados en edificios del Congreso de la República.

Retiran inmunidad a jueza

La Corte Suprema de Justicia resolvió retirarle la inmunidad a Carol Patricia Flores, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo. La funcionaria es señalada de enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. La jueza tiene una casa valorada en no menos de US$350 mil lo que, según las investigaciones, no concuerda con sus ingresos como juzgadora.