“El trabajo de Iván Velásquez no es ninguna intervención, se han documentado las investigaciones”, afirmó de forma categórica hoy Jorge Briz Abularach, presidente del CACIF, en una conferencia de prensa con los directivos, donde igualmente se patentizó solidaridad a la fiscal general Thelma Aldana.

Al confirmar el respaldo del empresariado a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) en contra de la corrupción y el clientelismo, puntualizó que el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala “debe seguir en el cargo dos años más”.

La entidad cúpula del sector privado calificó de “impresentable” al gobierno de turno, porque “no ha hecho ningún esfuerzo en esta administración por transparentar los procesos de compras y contrataciones” del Estado.

Señaló Briz Abularach que la autoridades continúan haciendo un “uso perverso” de los recursos públicos, cuya irresponsabilidad en su manejo ha costado la vida a muchos guatemaltecos e, incluso, suscribiendo pactos colectivos absolutamente nocivos.

Reformas impostergables

El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) cree impostergable modificar la normativa vital, que incluye las leyes Electoral y de Partidos Políticos, de Compras y Contrataciones del Estado, del Servicio Civil y de la Carrera Judicial.

Para alcanzar esos objetivos de cambio, entre otros, señaló el presidente de los empresarios, los guatemaltecos deben continuar manifestando pacíficamente hasta que el clamor ciudadano sea una realidad palpable contra el clientelismo y la corrupción.

Algunos de los planteamientos:

< Aprobar de inmediato la impostergable reforma política.

< Reducir el número de diputados.

< Que exista el voto secreto en asambleas partidarias.

< Que el ciudadano elija representantes a lista nacional y distrital.

<  Que los comités cívicos propongan candidatos a congresistas.

< Que la CSJ resuelva ya y conforme a derecho los antejuicios planteados.

< Fortalecer al TSE para que imponga sanciones ejemplares.

< Implementar la fiscalización del financiamiento partidario.

< Que la procedencia y destino de ese dinero debe ser público.

> Que el TSE sea drástico en sanciones sobre techos de campaña.

< Que si el Tribunal Supremo debe cancelar partidos, que lo haga.