La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ) ha advertido hoy que “no tolerará injerencias directas de ningún otro organismo del Estado o autoridad nacional o internacional sobre su obligación” de administrarla, “por lo que continuará velando por el estricto cumplimiento del debido proceso, presunción de inocencia y demás garantías constitucionales, base del Estado de Derecho, de la paz social y del bienestar de la Nación”.

En la capital estadounidense, donde inició desde ayer entrevistas con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como senadores y congresistas, el presidenciable de Lider Manuel Baldizón insiste en denunciar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que con el MP tienen en la mira al vicepresidenciable Edgar Barquín y a dos legisladores de esa fracción política.

“El señor Iván Velásquez hace una presión al Organismo Judicial, que tienen que fallar como la CICIG y el Ministerio Público lo han solicitado. Eso es intromisión, eso es presión a jueces, eso está totalmente fuera de su mandato. El mandato también dice que se tiene que apegar a las normas que rigen en Guatemala”, subrayó Baldizón. Ese ha sido el motivo original por el que los magistrados de apresuraron hoy a fijar la postura de ambos organismos jurídicos.

Al ratificar su posición ante la coyuntura nacional, la CSJ añade en su declaración oficial que ambas instituciones superiores “resuelven con total apego a derecho, de forma imparcial y objetiva bajo ningún tipo de presión, por lo que el soberano pueblo de Guatemala puede tener la certeza de que se está trabajando por la justicia, base fundamental del Estado de Derecho”.

El pronunciamiento se produce cuando, coincidentemente, los magistrados tienen en sus manos resoluciones de capital importancia, como las solicitudes de antejuicio contra el candidato vicepresidencial por Libertad Democrática Renovada (Lider), Edgar Baltazar Barquín Durán, y los diputados por la misma organización Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza.

A los tres la CICIG y el Ministerio Público los vincula –como resultado de investigaciones realizadas durante varios meses sobre “Lavado y Política”-, con una red de financiamiento electoral ilícito en lo cual se involucra como cabeza al empresario Francisco Édgar “Chico Dólar” Morales Guerra, detenido con diez personas más, por lo que el 15 de julio fue pedido a la CSJ levantarles el antejuicio.

En su declaración, la Corte Suprema y el OJ –que preside el magistrado Josué Felipe Baquiax Baquiax-, reiteran su apoyo a “los esfuerzos de la Asociación de Jueces y Magistrados y de todas aquellas instituciones que luchan contra la corrupción, instando a la población para que haga uso de su derecho de denuncia de conformidad con la ley y ante las instancias correspondientes”.

Finalmente, señala que el Organismo Judicial “ha sido, es y seguirá siendo imparcial, objetivo e independiente, sometido únicamente a la Constitución de la República de Guatemala y demás leyes”.

Lea lo que dijo Baldizón