El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (CMCG) emitió hoy un pronunciamiento en el que, entre otros puntos, exige al presidente Otto Pérez Molina la inmediata destitución del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Enrique Monterroso de León, por considerarlo responsable de la crisis hospitalaria nacional y de otras anomalías.
Asimismo, demanda que el caso del funcionario sea trasladado al Ministerio Público (MP), para que se deduzcan las responsabilidades civiles y penales, si así se determina por el órgano competente. Le achaca, por ejemplo, la culpa del “inminente colapso” del sistema de salubridad en el país con cauda de muertos entre los pacientes.
La declaración atribuye a Monterroso de León una serie de situaciones anómalas –insiste- como despidos de profesionales de la medicina sin llenar el debido proceso, retención de salarios en el país, cambios en condiciones laborales y el retraso en el pago de más de 100 horas extras en centros asistenciales del Estado en varios departamentos.
En las consideraciones, el CMCG advierte posibles fallecimientos “por la falta de medicamentos y equipo médico-quirúrgico en la red de servicios y en el Hospital General San Juan de Dios” (HGSJD), que se suman a acciones arbitrarias del ministro en contra del gremio, que incluye la destitución de una doctora involucrada en el movimiento de protesta.
Subraya “el continuo acoso” de personal del ministerio a galenos del HGSJD como consecuencia de “la denuncia de desabastecimiento” y refiere que más de 300 agremiados han denunciado tales situaciones ante la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y la Oficina de Prevención Contra la Tortura, por tratos maliciosos del ministro Monterroso.
Por lo tanto, el foro médico reclama:
< La destitución inmediata del funcionario por parte del gobernante.
< Trasladar el caso al MP para la deducción de responsabilidades legales.
< La inmediata reinstalación de todos los agremiados destituidos.
< El pago de los salarios retenidos y la cancelación de las horas extras.
< Revocar los contratos en Salud lesivos a los intereses del Estado.
< Que el Congreso conmine al PDH a presentar un amparo.
< Al Legislativo, que apoye la solución de la crisis hospitalaria general.