Un agente y tres auxiliares fiscales del Ministerio Público (MP) trabajarán específicamente en la investigación de no menos de seis casos de financiamiento ilícito de los partidos políticos y actos de corrupción ligados a campañas electorales. Los investigadores tomarán como base la información del informe temático presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada, anunció Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

La decisión surgió un día después que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, presentó el informe. “Después de la presentación me reuní con mis fiscales y decidimos que unos 14 o 16 casos de ese informe deben ser investigados, por esa razón tomé la decisión de crear esa fiscalía… la cual estará directamente bajo mi supervisión”, detalló Aldana.

La Fiscal General resaltó que las pesquisas serán dirigidas a aquellos hechos de corrupción en los cuales se utilizaron fondos del Estado para el financiamiento de campañas políticas.

“Esos hechos presentados por la CICIG deben ser establecidos, formular las hipótesis y un plan de investigación para cada caso. Para el efecto se debe capacitar el personal para que tenga una buena herramienta; ayer (lunes) firmé el acuerdo de creación de esa agencia, la cual iniciará lo antes posible”.

De los casos evidenciados por la CICIG, dos serán enviados a la Fiscalía Contra la Narcoactividad, y dos a la Fiscalía Contra Delitos Electorales.

En relación a los casos generados en las elecciones generales de 2011, el MP estableció que el 50 por ciento de esas investigaciones están concluidas, el otro 50 por ciento se encuentra en proceso de indagación, la mayoría a cargo de la Fiscalía Metropolitana. A partir de ese informe quedarán bajo el control de la Fiscalía Contra Delitos Electorales.

UNE, la más señalada

El informe de la CICIG señala que únicamente un 25 por ciento de las fuentes de financiamiento son elites empresariales, asociaciones de empresarios y financistas individuales. Otro 25 por ciento proviene del crimen organizado, y el resto, de constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas.

La Comisión señaló a varios operadores y financistas, a quienes en su mayoría los relaciona con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), bajo la administración de Álvaro Colom.

Al respecto, Ronaldo Robles, ex secretario de Comunicación del gobierno de Álvaro Colom, y ahora integrante del equipo de campaña del partido UNE, indicó que desde el 16 de julio, día en que la CICIG presentó dicho estudio, esa agrupación mostró su apoyo a las investigaciones que se tengan que realizar sin importar que hayan sido parte de su equipo de gobierno.

“Nosotros apoyamos el informe y la gestión de la CICIG y el MP, entonces no esperamos más que se continúe con las investigaciones y que los responsables enfrenten la justicia sin importar si fueron parte de la gestión de la UNE o algún personaje cercano”, subrayó.

Presentan antejuicios

La Fiscalía de Delitos Electorales solicitó antejuicio en contra de los alcaldes electos por el Partido Patriota, Víctor Alvarizaes Monterroso, de Santa Catarina Pinula;  y Marcos Mazariegos Sánchez, de Sipacapa, San Marcos. También contra el diputado de Libertad Democrática Renovada, José Inés Castillo.

La fiscalía actúa con base en las denuncias presentadas por el Tribunal Supremo Electoral en las que señalan a los políticos de coaccionar a electores entregando regalos a cambio del voto. Los candidatos se desmarcaron de los cuestionamientos.