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Nacionales

Más de Q24 millones adjudicados a varias empresas de “Chico Dólar”


Agropecuaria El Campesino, propiedad del líder de la estructura criminal, ha sido la más beneficiada de las que señalaron la CICIG y el MP.

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Cuatro de las 20 empresas de Francisco Edgar Morales Guerra, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) identificaron como falsas o “fantasma”, recibieron en los últimos ocho años adjudicaciones del Estado por Q24 millones 154 mil 233.43.

 

Los entes investigadores aseguran que estas compañías de “cartón” eran utilizadas por la estructura criminal liderada por Chico Dólar para el lavado de dinero.

 

Las pesquisas indican que la organización habría comenzado a funcionar en el 2008 y que en todo este tiempo constituyó unas 200 empresas, de las que solo se sabe el nombre de 20.

 

Según el portal de Guatecompras, entre diciembre de 2007 y julio de 2015 cobraron dinero del Estado la Agropecuaria El Campesino, APSA EXPRESS, S. A., Transportes Comerciales Agroindustria S. A., y La Comercial, S. A.

 

Otorgaron contratos a dichas empresas el Congreso de la República, la Secretaría de Bienestar de la Presidencia y la Municipalidad de Santa Catarina Mita (Jutiapa).

 

“Chico Dólar”, contratista favorito de comuna

 

Agropecuaria El Campesino es propiedad de Morales Guerra y, según la CICIG, la principal que utilizaba para lavar dinero, además de ser uno de los contratistas favoritos de la comuna miteca.

 

Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, comparecerá hoy ante el juez junto a los otros diez señalados de integrar una red delictiva.

Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, comparecerá hoy ante el juez junto a los otros diez señalados de integrar una red delictiva.

 

Guatecompras registra que de 2010 a julio de 2015, Chico Dólar recibió Q22 millones 385 mil 194.84 por compras, ya que su agropecuaria vende al Estado materiales de construcción, productos químicos para la agricultura y fertilizantes.

 

La investigación de la CICIG y el MP señala que las otras empresas, constituidas a través de una red de testaferros, eran controladas por Morales Guerra. El dinero desde esos negocios era introducido al sistema financiero a través de Silvia Antonieta Guevara, gerente de la sucursal de un conocido banco en la ciudad de Jutiapa.

 

Controles abandonados

 

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, repitió las palabras del ex vicepresidente Rafael Espada: “el Estado es el mayor blanqueador de dinero del país”, esto para explicar que el sistema de compras y contrataciones se ha vuelto obsoleto debido a la falta de control de las instituciones gubernamentales.

 

El activista del capítulo Guatemala de Transparencia Internacional (TI) añadió que es el momento de reflexionar sobre las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, para devolverle al sistema el espíritu de control, y evitar que los financistas de los partidos políticos puedan ser contratistas.

 

Red de lavado

 

El informe Política y Lavado subrayó que los socios protectores de Chico Dólar eran los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán quienes, según los investigadores, ayudaban a coordinar el lavado de dinero a través de Edgar Barquín, entonces presidente del Banco de Guatemala y ahora vicepresidenciable por Libertad Democrática Renovada (Lider).

 

La CICIG y el MP sostienen que dichos políticos usaron dinero de esa estructura criminal para realizar en 2011 asambleas de la Gran Alianza Nacional (Gana).

 

Es por estos señalamientos que la CICIG y el MP pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite al antejuicio solicitado contra los tres, pues dos gozan de inmunidad por ser diputados y a la vez candidatos a la reelección, y el otro por ser vicepresidenciable.

 

En cuanto a Morales Guerra, hoy sería escuchado –al igual que los restantes diez señalados- por el juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal B de Mayor Riesgo.

 

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