Ante la proximidad de una marcha de Libertad Democrática Renovada (Lider) “contra la judicialización de la política y politización de la justicia”, la Gobernación Departamental de Guatemala recordó una serie de prohibiciones a “las  organizaciones políticas que lleven a cabo manifestaciones públicas masivas”.

Menciona, por ejemplo, en un comunicado divulgado esta tarde, que de conformidad con el Decreto 41-95 del Congreso, “queda prohibido el uso de capuchas, máscaras o elementos que de cualquier forma manifiesta o intencionada, tienda a ocultar la identidad de las personas en lugares públicos”.

“Deberá velar porque los participantes se abstengan de efectuar consignas escritas, ni lanzar cualquier tipo de objetos a bienes de la propiedad privada, del Estado y municipales que cause daños a los mismos”, mancharlos o destruirlos, agrega la advertencia de dicha dependencia de la cartera del Interior.

Subraya que “la comisión de actos de esa naturaleza se encuentra tipificada dentro del ordenamiento jurídico penal vigente como delitos o faltas contra el orden público. También refiere que si los asistentes a la actividad provienen del interior deben comprobar que los buses cuentan con el obligatorio seguro de transporte.

Los asistentes a marchas y/o plantones tienen prohibido dormir en el sitio señalado para su realización, así como los organizadores y sus acompañantes poner en riesgo la vida, salud e integridad de los protagonistas, por lo que los partidos deben tomar las medidas de precaución y seguridad adecuadas.

Libertad Democrática Renovada anticipó que miles de sus seguidores efectuarán una vigilia este miércoles –frente a la Corte Suprema de Justicia o ante la Comisión Internacional Contra lampunidad en Guatemala (CICIG)-, y el jueves saldrán en manifestación rumbo a un punto por determinar.

Esa es la reacción a las revelaciones hechas el miércoles último por el comisionado Iván Velásquez y el Ministerio Público, al relacionar al vicepresidenciable de Lider, Edgar Barquín Medina, con una estructura de lavado de dinero y financiamiento político ilícito, así como a los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza.

Ese día, el MP con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron en operativos a 11 personas vinculados al caso Lavado y Financiamiento Político. Hoy prestarán primera declaración en el juzgado correspondiente en la ciudad de Guatemala.